Memoria democrática europea

Un referente histórico de la resolución del Parlamento Europeo, y así se expresa, es el pacto de no agresión Ribentrop-Molotov de 1939 entre la URSS de Stalin y la Alemania de Hitler que supuso el reparto entre ambos totalitarismos de Finlandia, Polonia, Repúblicas Bálticas y una parte de Europa Oriental. Aquel pacto y su protocolo secreto hicieron que la Unión Soviética, desde la Komintern, consiguiese que los partidos comunistas de Europa cesasen en sus críticas al nazismo y atacasen como enemigas a las potencias occidentales. No muy conocido es el deseo de Stalin de integrarse en el Eje en 1940. Hitler, un cabo con la calentura de actuar como general en jefe de sus Ejércitos, le llevó a invadir la URSS, en la primavera de 1941, que obligó a Stalin a acercarse tácticamente a los países democráticos a cambio de importante ayuda militar. Stalin aprovechó la guerra para invadir e imponer el comunismo en la totalidad de la Europa del Este. Berlín fue un triste ejemplo que duró hasta la caída del muro en 1989. Ya en el transcurso de la guerra los aliados democráticos desconfiaban de las intenciones de los totalitarios soviéticos. Churchill en sus escritos lo tiene claro. Tras la guerra caliente llegó la guerra fría durante muchos años.

La resolución del Parlamento Europeo se apoya en medio centenar de antecedentes y consideraciones. El resultado de la votación entre los eurodiputados presentes fue: 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones. Fue avalada por el grupo mayoritario de la Cámara europea -el Popular-, y por los grupos Socialista, Liberal, los Verdes /ALE, ECR e ID. Votó en contra el grupo de izquierda rancia en el que se integra Podemos. Insisto: los socialistas europeos votaron a favor.

Entre los antecedentes y consideraciones la resolución se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en los principios fundamentales de la Unión Europea y en sus valores comunes; en la condena internacional de «los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios»; en la Declaración de Praga sobre la Conciencia Europea y el Comunismo (2008); en la Proclamación del 23 de agosto como Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo (2008) -¿Se ha celebrado algún año en España con unos u otros gobiernos?-; en la resolución del Consejo Europeo en la declaración de representantes de los Estados miembros en recuerdo de las víctimas del comunismo; en las resoluciones sobre crímenes de los regímenes comunistas en varios parlamentos nacionales…

La resolución reconoce la existencia de partidos que incitan al odio y a la violencia en la sociedad mediante la difusión de discursos de incitación al odio; recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad; expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública y recuerda que varios países europeos han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas; señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo en espacios públicos (parques, plazas, calles, etc.) monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios.

Esta resolución tuvo escaso eco mediático en España, no así en otros Estados europeos. España es hoy una excepción en la realidad política de Europa. Tenemos un vicepresidente que se declara comunista y en eso es sincero. No lo es, por ejemplo, en su identificación con los pobres desde su casoplón de Galapagar, ni cuando acusó a la Guardia Civil de estar al servicio de la burguesía y ahora la Benemérita defiende masivamente su tranquilidad familiar, ni cuando alienta los escraches pero no los soporta ante su mansión. El vicepresidente proclama que su objetivo personal y el de su coalición Podemos es acabar con la Monarquía parlamentaria que la Unión Europea considera un firme factor de estabilidad. Sánchez, al que a menudo su vicepresidente contradice en público, le ríe las gracias y disculpa sus salidas impensables en un gobernante serio. El vicepresidente quiere acabar con el sistema que prometió defender con lealtad al titular de la Corona cuando se posesionó del cargo. Sus habilidades de asamblea de facultad no se entienden en la Unión Europea cuyos gobiernos, por cierto, son informados cumplidamente de tales desvaríos y de la debilidad presidencial en los despachos de sus embajadores en Madrid, que hacen bien su trabajo.

Los hombres de la generación intelectual madurada alrededor de 1914, con Ortega y Gasset a la cabeza, entendieron que España, sin dejar de serlo y precisamente por serlo, debía zambullirse en la realidad europea para curar sus cíclicas catalepsias aportando su tradición, su experiencia y su Historia. Ese camino fue bien con quiebras y altibajos. Y menos bien cuando bullen en el Gobierno personajes como el vicepresidente al que en la Unión Europea se considera un recadero político de Maduro, patrón e impulsor de ideas totalitarias para el sur de Europa.

Un digital que presume de denunciar los bulos -no los suyos- opinó que la resolución de hace un año «no es vinculante». Un buen amigo, político belga de fuste, se rio mucho cuando se lo conté. Vino a decirme que la Unión Europea es un club y sus socios deben sentirse obligados por las resoluciones de su parlamento, y otra cosa es que miren para otro lado cuando no les convienen. «Allá ellos», concluyó. El comunismo está fuera de tiempo y en el pasado arruinó, y arruina en el presente, a países que fueron prósperos.

Y, mientras, pedimos dineros a Europa. ¿Para qué? ¿Para acabar con la Monarquía parlamentaria y traer a España una república a la venezolana? En Europa no lo entienden y no lo entenderán mientras no cambie nuestra inquietante realidad.

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Juan Van-Halen es escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando