Historia, memoria, olvido

De Francisco Largo Caballero, líder del PSOE y luego presidente del Consejo de Ministros, llamado el Lenin español, son estas tres perlas, no precisamente pacíficas, de la campaña electoral del 16 de febrero de 1936: 1) «La clase obrera debe adueñarse del poder político convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo. Y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución». 2) «Después del triunfo, se precisará salir a la calle con un fusil al brazo y la muerte al costado. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas. Nosotros las realizamos». 3) «La clase obrera tiene que hacer la revolución. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle [se refería al antecedente de la revolución de Asturias de 1934, con cerca de dos mil muertos] que no nos hablen de generosidad y que no nos culpen si los excesos de la revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas». La revolución -«iremos a la guerra civil»- estaba servida. La supresión del adversario bullía en la izquierda radical; tenía que ganar las elecciones; era su vía revolucionaria. La furiosa y amenazante campaña electoral no podía tranquilizar a quienes no estaban dispuestos a dejarse matar. Era media España.

Convencido de que el Frente Popular recurriría a todo para llegar al Gobierno, uno de los conspiradores preguntó a Franco si se uniría a la preparación de un alzamiento militar previo a las elecciones. El general, que se había manifestado leal a la República, le contestó: «Yo lo que creo es que el Ejército debe soportar lo que salga de las urnas».

Llegaron las elecciones del 16 de febrero y se denunciaron numerosas irregularidades que obligarían a celebrar nuevos comicios en varias circunscripciones, pero la izquierda radical las dio por ganadas y tomó la calle. Las turbas pusieron en libertad a los condenados por la revolución de octubre de 1934 en Asturias, y la subversión callejera fue creciendo ante la pasividad del Gobierno. El presidente del Consejo de Ministros, Manuel Portela Valladares, sabía que reprimir los desórdenes supondría muertos y dimitió el día 19 de febrero. No pocos gobernadores civiles abandonaron sus puestos y la calle quedó a merced de la subversión.

El mismo día 19 Alcalá-Zamora encargó a Azaña la formación de nuevo Gobierno. La decisión presidencial traería consecuencias tanto para el país como para él mismo. Al poco tiempo, mayo de 1936, en un golpe parlamentario aún debatido, Alcalá-Zamora fue sustituido por Azaña en la Presidencia de la República. El carácter indeciso de un Azaña temeroso y soberbio, considerado después un genio de la política y no solo por la izquierda, también por líderes de la derecha como Aznar, convenía al radicalismo para llevar a cabo lo que se proponía: culminar el camino de la revolución.

Resulta aterrador leer hoy en el Diario de Sesiones el listado de hechos violentos, atentados, saqueos y asesinatos de los meses anteriores a la guerra. Por los periódicos a menudo no podía conocerse esa trágica realidad porque el Gobierno ejercía una férrea censura. Los testimonios figuran en el Diario de Sesiones de las Cortes cuando su presidente no ordenaba su mutilación.

El 15 de abril de 1936 Azaña compareció en el Congreso para defender su programa de Gobierno y José Calvo Sotelo fue el primero en darle la réplica. Hizo una relación de incidentes producidos desde las elecciones de febrero denunciando que habían causado más de cien muertos y quinientos heridos. Lamentó las diferencias existentes en el seno del Frente Popular, donde coexistían elementos burgueses y marxistas, y pidió a Azaña que se esforzase en conseguir el mantenimiento del orden. La respuesta difusa de Azaña evidenció que estaba dispuesto a primar la cohesión y continuidad del Frente Popular sobre el orden y los intereses nacionales.

Durante muchos años la historiografía ha discutido los resultados de aquellas elecciones del 16 de febrero, plagadas de actos violentos como rotura de urnas, quema de actas y tiroteos a notarios llamados para testificar irregularidades. Finalmente, una llamada Comisión de Actas en el Congreso, sin aval independiente alguno, presidida por Indalecio Prieto, nada objetivo, uno de los promotores de la revolución de Asturias de 1934, hizo bailar numerosas actas de diputados desde el centro-derecha al Frente Popular. Al final nada era creíble pero se daba la sensación de una democracia plena. Y esa falacia se repite desde entonces. Las cifras de las votaciones nunca fueron publicadas, por lo que los historiadores las han calculado con diferencias de hasta un millón de votos. Que las cifras no se publicasen era, por principio, sospechoso.

Tras recuperarse hace más de diez años los llamados ‘papeles robados de Alcalá-Zamora’ en circunstancias rocambolescas, ganó fuerza la versión de que aquellas elecciones las ganó realmente el centro-derecha. Alcalá-Zamora escribe en su Diario: «Manuel Becerra, conocedor como último ministro de Justicia y Trabajo de los datos que debían escrutarse, calculó en un 50 por ciento menos las actas que debían escrutarse cuya adjudicación se varió bajo la acción combinada del miedo y la crisis». Es decir: el Gobierno de Azaña dio por vencedor de las elecciones al Frente Popular por miedo, temiendo la anunciada guerra civil con la que amenazaba el radicalismo de izquierda -el socialismo de aquel tiempo, el comunismo y el anarquismo- si las perdía.

Más de ochenta años después los voceros de una amenazante memoria democrática limitan sus lecturas de aquel tiempo a su conveniencia ideológica. Iglesias Turrión, apologista del comunismo en el Parlamento de un Estado de la Unión Europea, afirmó en un reciente Pleno que los comunistas lucharon en defensa de la libertad y la democracia. Oculta la batuta de Stalin y el trabajo de sus agentes en España. No conoce la Historia o miente a sabiendas.

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Juan Van-Halen es escritor y académico correspondiente de la de Historia y de Bellas Artes de San Fernando