Apaños constitucionales

El acuerdito de marras no es más que un apaño propio del «consenso político», que es el punto de encuentro de la gente sin principios. Y ese «consenso político» favorece siempre a los progresistas, por la sencilla razón de que la democracia entendida como fundamento (y no como forma) de gobierno consagra un concepto progresista de la naturaleza humana, siempre a la conquista de nuevos derechos y nuevos orificios. Este ‘ethos’ progresista es el que está plasmado en el bodriete constitucional, con calculadas ambigüedades en la definición de todos los asuntos cruciales -desde el derecho a la vida hasta la organización territorial del Estado-, garantía infalible de que la deriva política española será siempre la que conviene el progresismo. De ahí que el llamado Tribunal Constitucional, con independencia de su composición, siempre haya declarado constitucionales las leyes que ayudan a la naturaleza humana a «progresar» en la conquista de nuevos derechos y nuevos orificios. Luego, por supuesto, los «magistrados» conservadores pueden hacer algún aspaviento huero en asuntos menores, para mantener a la gente engañada (lo acaban de hacer, por ejemplo, con una retórica declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma que deja impunes los abusos gubernativos); pero cuando se trata de asuntos mollares en los que el progresismo se juega su dominio sobre las conciencias, los ‘magistrados’ conservadores jamás defraudan las expectativas.

Si de veras la derecha quisiera ofrecer batalla al progresismo se abstendría de negociar con barajas trucadas la composición de órganos por completo viciados, dejándolos que se pudriesen. Y, en lugar de aceptar apaños que siempre se hacen en beneficio del progresismo, abandonaría el «consenso» para recordar que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes debería ser potestad de la jurisdicción ordinaria desde la primera instancia. Mientras los tribunales ordinarios no puedan ejercer esa potestad no existirá la posibilidad de un poder judicial autónomo de los poderes ejecutivo y legislativo, que entretanto podrán seguir haciendo las barrabasadas progresistas que se les antojen, en la certeza de que, a la postre, la constitucionalidad de las leyes la juzgará un órgano político como el llamado Tribunal Constitucional, que no es sino la última instancia para consolidar las leyes progresistas que conviene entronizar para rediseñar la naturaleza humana. Esta es la misión última del acuerdo logrado entre peperos y sociatas. Todo lo demás son milongas de analistos y analistas.