Tribuna abierta

El Brexit en Gibraltar

De la parquedad expositiva de la ministra Laya se deduce que poco o nada ha sido avanzado en nuestra secular y bien fundada reclamación sobre la soberanía española del Peñón y del istmo

Javier Rupérez

01/01/2021
Actualizado a las 18:28h.

No sabemos con exactitud cuáles son los términos del acuerdo alcanzado entre España y el Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar. La señora Laya, ministra española de Asuntos Exteriores, se ha limitado a cantar las excelencias de la desaparición de la verja y la ... satisfacción que le embarga al haber garantizado la movilidad de los 15.000 trabajadores españoles que diariamente se trasladan al Peñón para cumplir con sus obligaciones laborales. Todo ello, según parece, en un marco en el que el tratado Schengen, que entre paises miembros de la UE supone la desaparición de los controles fronterizos, se aplicará también a Gibraltar mientras que la vigilancia de las entradas y salidas del territorio para personas y mercancías de paises terceros, será llevada a cabo el el puerto y en el aeropuerto del territorio por funcionarios del servicio FRONTEX de la UE, sin indicar, como sería lógico, que tales funcionarios pertenecerían a los servicios españoles de policía y seguridad. La ministra española ha precisado además que el texto completo del acuerdo no será dado a la publicidad hasta que los parlamentarios españoles que deban conocerlo y eventualmente ratificarlo no hayan tenido conocimiento del mismo. Propuesta extravagante esta última, que debería ser denunciada por los mismos parlamentarios españoles que eventualmente deberán decidir sobre el futuro del acuerdo o al menos por los que entre ellos pertenecen a formaciones constitucionalistas: el texto del acuerdo entre el Reino Unido y la UE para resolver las incidencias del Brexit es ya dominio público, meses antes de que los eurodiputados sean convocados para exponer su decisión sobre el mismo. Idéntica conducta debería ser la que siguiera el gobierno español con respecto al acuerdo sobre Gibraltar. Cualquier otra decisión contraria a la indispensable transparencia que las acciones gubernamentales exigen en el funcionamiento de una democracia arrojaría todavía mas sombra de duda sobre un gobierno como el español que ha hecho de la ocultación y el engaño una de sus marcas características. Tanto más cuanto que el Brexit y sus consecuencias incluyen aspectos de la máxima trascendencia para todos los implicados en la aberrante decisión que llevó a Gran Bretaña a excluirse del proceso de la unificación europea. Incluyendo naturalmente a España y sus derechos sobre Gibraltar.

Es bienvenida la noticia de que los 15.000 ciudadanos españoles que diariamente se trasladan al Peñón para trabajar vean reconocida la posibilidad de seguir haciéndolo. Es también un reconocimiento de la parquedad del mercado laboral en el Campo de Gibraltar y de la succión económica que el territorio británico ha venido ejerciendo sobre el territorio español colindante. La lógica angustia con que los alcaldes del Campo unieron sus voces para reclamar un acuerdo que siguiera permitiendo el tránsito laboral es una buena muestra de ello y en el fondo hace pensar que en realidad la colonia no es Gibraltar sino La Línea de la Concepción y los municipios del área, colonizados en verdad por el espacio británico. Hubo un tiempo en que bajo el malhadado franquismo el que fuera ministro de exteriores, Fernando María Castiella, impulsó un llamado Plan de Desarrollo del Campo de Gibraltar que tenia como finalidad precisamente evitar esa dependencia, que al fin y al cabo nos ponía y nos sigue poniendo en manos de una poder soberano extranjero. Visto lo visto aquello no debió funcionar y resulta harto dudoso que en los entresijos del acuerdo ahora firmado se haya tenido siquiera remotamente en cuenta esa posibilidad. Mas bien al contrario: Laya y los gibraltareños ahora cantar las excelencias de la «ósmosis» y de los beneficios derivados de la compenetración entre ambas economías. Quizás, dados los tiempos y las circunstancias, sea mejor así, pero resultaría harto conveniente, por no decir totalmente obligatorio, que el gobierno español abandonara su tradicional mudez en los temas trascendentes y se explicara al respecto.

Como lo sería el ofrecer noticia sobre los términos del acuerdo en temas tan sensibles para nuestra economía como son los fiscales, regulatorios y penales. De sobra conocida es la merecida fama del Peñón como paraíso fiscal y como cobijo de tráficos ilegales y delictivos. ¿Contempla el acuerdo algún esquema de colaboración para regular lo primero y evitar lo segundo? Y en la misma y grave longitud de onda conviene también preguntar si el acuerdo incluye algún párrafo o espacio dedicados a la presencia militar del Reino Unido en el Peñón, que entre otros aspectos aproxima regularmente la presencia en sus aguas de proximidad, ya que no soberanas, de submarinos nucleares. Hay que recordar que según lo que Laya nos cuenta y de sus palabras deducimos, Gibraltar es a casi todos los efectos un terreno comunitario y la vecindad inmediata española debe ser respetada a todos y cada uno de los efectos correspondientes. Suponiendo que en efecto la negociación correspondiente haya sido conducida con la habilidad y contundencia que nuestras necesidades exigen y nuestros intereses demandan. Que no solo son los derivados de los trabajadores transfronterizos.

Porque la impresión obtenida de la parquedad expositiva de la ministra Laya se deduce que poco o nada ha sido avanzado en nuestra secular y bien fundada reclamación sobre la soberanía española del Peñón y del istmo. En 1984 Felipe González pergeñó con Margaret Thatcher algunas novedosas aproximaciones sobre el control del aeropuerto. En 2002 José María Aznar y Tony Blair, con el decidido impulso del entonces ministro británico de Asuntos Exteriores, Jack Straw, mantuvieron conversaciones sobre un esquema de cosoberanía para el territorio. Tema que fue sometido a la consideración de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2016 por el gobierno de Mariano Rajoy, como oferta para una negociación que ya tenía en cuenta las posibles repercusiones del Brexit. ¿Han incluido las conversaciones ahora realizadas alguna mención al respecto, ha sido el tema de la soberanía española sobre el territorio objeto de alguna consideración, cuáles, si alguno, han sido los términos en que el tema ha sido aproximado, aprobado o rechazado? Es ello otra de las poderosas razones por las que la ministra Laya debe una cumplida y detallada explicación de los términos y de los resultados en que se han desarrollado y culminado las conversaciones y el texto final del acuerdo entre España y el Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar en el marco del Brexit.

No vaya a ser que de nuevo tengamos que doblegarnos a la permanente cantinela de los pesimistas que por millares en nuestro solar patrio habitan y que siempre acaban con la misma cantinela: «Al final, siempre gana Gibraltar».

Javier Rupérez es Embajador de España