La feria del CGPJ

Vaya por delante que no es cuestión de poner en duda la capacidad ni la honradez profesional de quienes componen la baraja de nombres a negociar, ni, por tanto, de convertir al vocal escogido por el dedo del político en la encarnación de la perversión del sistema, sino de poner en evidencia las incoherencias de un modelo de CGPJ contrario a la Constitución y de sumarme a quienes asisten atónitos al espectáculo de los dos principales partidos políticos, el PP y el PSOE, luchando a brazo partido por el reparto de las veinte vocalías de la institución e incluso el nombre del presidente o presidenta que, al propio tiempo, lo es del Tribunal Supremo.

No es que las previsiones del artículo 122 CE y 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de que el Congreso y el Senado elijan a la totalidad de los miembros cada uno por una mayoría reforzada de tres quintos sea errónea, que quizá sí lo sea, como lo sería si la propuesta de reducir ese quórum a los dos tercios de las dos Cámaras termina saliendo adelante. El fallo está en quienes hacen las propuestas. La negociación lo que hace es introducir al CGPJ en un estado de sospecha permanente y a que la idea dominante en la opinión pública sea que la institución es un títere de feria al servicio del poder político, cuyos intereses priman sobre la Ley y el Derecho.

Tengo para mí que lo que está sucediendo con el órgano de gobierno del Poder Judicial es, una vez más, la secuela irreversible de la expresión ‘Estado de partidos’ -sobre todo si se la compara con el concepto de ‘Estado de derecho’, cosa que Manuel García Pelayo, presidente que fue del Tribunal Constitucional, denunció a raíz de la sentencia 108/1986, de 29 de julio, cuando hablaba del grave peligro de que la designación parlamentaria de todos sus vocales fuese hecha en razón del peso de los grupos parlamentarios, lo que no respondía a la configuración deseada para el CGPJ como garante de la independencia judicial.

Y es que, a decir verdad, desde sus comienzos hasta nuestros días, los siete consejos generales del poder judicial no han pasado de la más grotesca de las representaciones y los mandamases políticos de turno han querido mover a sus vocales como marionetas. Sí, ya sé que todos no, y unos menos que otros, pero, en conjunto, el CGPJ ha sido y seguirá siendo una trampa para confiados, pues quien lo controla sabe que domina el poder judicial por la vía de los nombramientos discrecionales. Así lleva el CGPJ cuarenta años; tantos como grados de confianza perdidos. Lo malo es que a estas alturas algunos sigan sin convencerse de que el edificio del número 8 de la calle Marqués de la Ensenada, de Madrid, no puede ser sucursal de los partidos políticos.

Sin claudicar de la sinceridad y con la dosis justa de autocrítica por haber pertenecido al CGPJ en el periodo 1990-1996, creo que el método de diez para mí y otros diez para ti -lo mismo diría si en el reparto de la tarta participasen otros partidos- no es la mejor manera de sacar a un órgano constitucional del atolladero del desprestigio en el que lleva metido hace años por el empeño de los políticos de que sus miembros responderán a la confianza depositada en ellos. Si con la justicia se buscan rentabilidades políticas, entonces sobran los tribunales y basta la intriga. Son demasiadas las ediciones del CGPJ presididas por el cambalache y el juego de trileros. Hacer política con la justicia es menester de traficantes de la justicia que alteran su pureza. Que la justicia funcione a golpe de batuta política es inadmisible y a nadie le puede extrañar que los jueces duden de que el CGPJ les represente y, lo que es peor, que defienda la independencia judicial.

Nunca fui partidario de entender la Justicia como forma de poder. Por eso siempre he patrocinado un CGPJ compuesto de gente independiente en el sentido gramatical del término. El individualismo resulta coartado por la fuerza, conocida de antemano, de unas instituciones políticas que ya sabemos lo que son y cómo son. En estas circunstancias comportarse con absoluta libertad es muy difícil, aunque no imposible y ejemplos no faltan.

De ahí que insista en lo que decía al principio. Me consta que en las listas de candidatos a vocales que los periódicos han publicado a lo largo de estos meses, los hay que merecen la consideración de juristas de reconocida competencia. Es más. Conozco de primera mano a algunos de los magistrados nominados en quienes concurren las virtudes del buen juez que describe Azorín. Por eso, al leer sus nombres me viene a la memoria la anécdota de aquel banderillero de Juan Belmonte que llegó a gobernador civil y que cuando le preguntaban cómo había podido ser, se limitaba a contestar: «¡Ya ve, degenerando!».

Hace diez años se estrenó en Madrid ‘La fiesta de los jueces’, obra de teatro escrita y dirigida por Ernesto Caballero y que tenía como protagonistas a varios miembros del CGPJ que al final del acto solemne de Apertura del Año Judicial deciden representar, en versión libre, ‘El cántaro roto’, una farsa costumbrista del dramaturgo alemán Heinrich von Kleist. En un escenario cubierto de procedimientos judiciales previamente pasados por una trituradora de papel y con un gran espejo en el que los actores se reflejaban, los propios jueces, mediante la técnica del teatro dentro del teatro, se juzgaban a sí mismos, en un original juicio popular.

Pues bien, el día que asistí a la representación despedí la función y a sus actores con aplausos. Lo hice por varios motivos. El primero, porque la obra se adentraba en la misma esencia judicial y describía, uno por uno, los síntomas más dolorosos de la Administración de Justicia. Después, porque estaba dedicada a los ciudadanos y a los jueces, víctimas del desgobierno de nuestra Justicia. Gemidos como ‘¡Justicia emprende tu camino!’ o ‘¡Qué engaño!’, con la estampa final de la mujer de la limpieza metiendo la balanza de la Justicia en el cubo de la basura fueron de una emoción estremecedora.

León Felipe, aquel gran poeta maldito, payaso de múltiples bofetadas y fervoroso defensor de la justicia, decía con su garganta rota y en estribillo de matraca, pero «¿Qué es la justicia? ¿Un truco de pista? ¿Un número de circo? ¿Un pimpampum de feria? ¿Un vocablo gracioso para distraer a los hombres y los dioses? Respondedme. Que me conteste alguien... Silencio... Silencio».

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Javier Gómez de Liaño es abogado. Fue magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial