Incoherencia abusiva de Sánchez

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez lleva prácticamente cuatro meses sin comparecer en las sesiones de control en el Congreso de los Diputados, de modo que está contribuyendo caprichosamente al bloqueo de la potestad fiscalizadora que la Constitución atribuye al poder legislativo para controlar ... al ejecutivo. Esta cuestión no tendría mayor relevancia si no fuera porque el propio grupo parlamentario socialista recurrió en su día ante el Constitucional la negativa de Rajoy a comparecer en las habituales sesiones parlamentarias de control, al considerar que se trataba de una conducta abusiva que menoscababa el papel del poder legislativo en España. Más aún, tras forzar un conflicto de competencias entre los dos poderes, el Constitucional dio la razón al PSOE porque cuando un Gobierno continúa en funciones tiene la obligación de seguir rindiendo cuentas de su actividad ante el órgano que representa a la soberanía nacional. El PSOE impugnó una decisión arbitraria del Gobierno de Rajoy, venció… y ahora se niega a dar ejemplo. Sánchez ni siquiera ha hecho amago de comparecer voluntariamente para dar explicaciones de las resoluciones adoptadas en el Consejo Europeo. Huye del Parlamento recurriendo al viejo refrán de «donde dije digo, digo Diego». Es una cuestión de coherencia argumental, de dignidad política y de higiene democrática. Una cosa es estar enfrascado en las pugnas políticas habituales para lograr los votos que le permitan sacar adelante su investidura, y otra cosa muy distinta, y no incompatible precisamente, es dar cuenta de la actividad que ejerce un Gobierno cuando está en funciones. Primero porque sus decisiones siguen afectando a los españoles, y segundo porque pretender que la capacidad ejecutiva de un Gobierno se anteponga a la labor supervisora del Parlamento, resulta contrario al espíritu de la Constitución.