Editorial ABC

Incoherencia abusiva de Sánchez

Un Gobierno en funciones tiene la obligación de rendir cuentas de su actividad ante el órgano que representa a la soberanía nacional

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El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez lleva prácticamente cuatro meses sin comparecer en las sesiones de control en el Congreso de los Diputados, de modo que está contribuyendo caprichosamente al bloqueo de la potestad fiscalizadora que la Constitución atribuye al poder legislativo para controlar al ejecutivo. Esta cuestión no tendría mayor relevancia si no fuera porque el propio grupo parlamentario socialista recurrió en su día ante el Constitucional la negativa de Rajoy a comparecer en las habituales sesiones parlamentarias de control, al considerar que se trataba de una conducta abusiva que menoscababa el papel del poder legislativo en España. Más aún, tras forzar un conflicto de competencias entre los dos poderes, el Constitucional dio la razón al PSOE porque cuando un Gobierno continúa en funciones tiene la obligación de seguir rindiendo cuentas de su actividad ante el órgano que representa a la soberanía nacional. El PSOE impugnó una decisión arbitraria del Gobierno de Rajoy, venció… y ahora se niega a dar ejemplo. Sánchez ni siquiera ha hecho amago de comparecer voluntariamente para dar explicaciones de las resoluciones adoptadas en el Consejo Europeo. Huye del Parlamento recurriendo al viejo refrán de «donde dije digo, digo Diego». Es una cuestión de coherencia argumental, de dignidad política y de higiene democrática. Una cosa es estar enfrascado en las pugnas políticas habituales para lograr los votos que le permitan sacar adelante su investidura, y otra cosa muy distinta, y no incompatible precisamente, es dar cuenta de la actividad que ejerce un Gobierno cuando está en funciones. Primero porque sus decisiones siguen afectando a los españoles, y segundo porque pretender que la capacidad ejecutiva de un Gobierno se anteponga a la labor supervisora del Parlamento, resulta contrario al espíritu de la Constitución.

En este caso, Sánchez cuenta con la complicidad de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que mira hacia otro lado sin ningún tipo de rubor. Los partidos de la oposición tienen la obligación de denunciar esta actitud y de someter a Pedro Sánchez y a los miembros de su Gobierno que continúan en funciones a las preguntas que considere oportunas. La situación de bloqueo político a la espera de una investidura solvente no tiene por qué condicionar la réplica de un Gobierno a las preguntas de los partidos que no comparten sus decisiones. En el fondo, subyace el debate de por qué Sánchez ha prolongado tanto el periodo necesario para poner en marcha la investidura, y el sometimiento del poder legislativo, a cuya cabeza actúa sumisamente una de sus ex ministras, a las órdenes del Gobierno. Sánchez predica siempre la transparencia y el respeto a las reglas del juego. Pero todo resulta un juego falaz con el que utiliza La Moncloa para amenazar con nuevas elecciones sin siquiera dar una sola explicación de su gestión. A incoherencias nadie gana al PSOE.