La anomalía felipista

Existe en la sociedad española una tendencia benévola a creer en una socialdemocracia que ya no existe porque Sánchez la ha liquidado. Los mandatarios territoriales carecen de fuerza estructural y de audacia personal para enfrentarse al liderazgo, y los dirigentes retirados son ya sólo voces ermitañas que claman en la soledad de un páramo, veteranos predicadores de la responsabilidad de Estado. El peso de la nomenclatura intermedia ha sido aventado por el método plebiscitario, que ha transformado al secretario general, escarmentado por su defenestración en aquel tormentoso golpe de mano, en un jefe autocrático al que el comité federal escucha sin un reparo. Hasta la otrora combativa Susana Díaz ha replegado su vigor partisano en busca de una indulgencia -que no obtendrá- para continuar en su cargo. Guerra también eliminó contrapesos y disidencias, pero al menos impuso su autoridad de facto sin atreverse a cambiar a plumazos el modelo orgánico. El mito del barón rampante autonómico, que en realidad nunca existió, ha caducado: esas tímidas objeciones a la política de pactos son trucos mal disimulados para camuflar ante sus votantes la evidencia de un vasallaje feudatario.

Cuando González dijo que la estabilidad de la Transición constituyó una feliz anomalía, un afortunado paréntesis en la historia de la nación española, quizá olvidó decir que, visto en perspectiva, el felipismo lo fue en la del Partido Socialista. Primero ZP y luego Sánchez lo han devuelto a la tradición republicana, la del sectarismo cainita de Largo Caballero que Azaña lamentaba con tardío y atormentado desasosiego. En el imaginario colectivo, las siglas del PSOE siguen inspirando respeto porque la opinión pública aún no ha reparado en que ya sólo forman la carcasa nominal de un proyecto hueco. Rubalcaba, el último eslabón de la cultura del consenso, lo vio venir pero está muerto.