HSBC pierde clientes en Suiza

DARÍO VALCÁRCEL
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EL banco HSBC, mayor de Europa, acaba de reconocer la desaparición de los estados de cuentas robados hace tres años por un empleado infiel. Hay una diferencia. El banco anunció hace un año la sustracción y difusión de 10 cuentas. En realidad eran 24.000. El robo se produjo en la filial de Suiza, donde guardaban sus ahorros 100.000 clientes escogidos. Esa rama suiza de HSBC contribuye con un 7 por cien a los beneficios del banco.

Un especialista en Internet, Hervé Falciani, se hizo con los datos y se los llevó a Francia en un pen drive. Falciani se presentaba a sí mismo como denunciante interno, whistle blower. La agencia suiza de los mercados financieros preguntó al banco «cómo un robo de ese volumen puede ocurrir». Inquiría además si «las medidas organizativas y técnicas aplicadas por HSBC desde el incidente, destinadas a prevenir casos similares, se atienen a los requerimientos de la ley. El primer ejecutivo de HSBC en Suiza, Alexander Zeller, adoptó un tono melodramático: «Lamentamos profundamente lo ocurrido y presentamos las más incondicionales disculpas a nuestros clientes por esta traición a su privacidad».

Atravesamos, en Europa y en el mundo, años de tensión. Suiza hizo gala desde el siglo XIX de su impenetrable secreto bancario. Estados Unidos ha acabado con él. La DEA, Drug Enforcement Administration; el FBI; la CIA; y la National Security Agency, rastrean con medios electrónicos más y más depurados las cuentas utilizadas para el blanqueo de dinero (droga, tráfico de armas, evasión fiscal, terrorismo). Servicios alemanes, franceses, británicos, colaboran cada día para descubrir nuevas pistas. El dinero sucio suma, según el Tesoro americano, un 8 por cien del PIB mundial. Todo ello es ilegal: pero una cosa es la venta de armas a las FARC colombianas y otra muy distinta la evasión de impuestos.

Millares de descubrimientos se suceden silenciosamente desde los años 1980. La crisis ha perfeccionado los métodos de ocultación y de búsqueda. Dos prácticas se enfrentan: el derecho a la privacidad del depositario y de su banco. Y de otra parte, el deber de los estados de seguir el dinero dudoso. O nada dudoso. Sucio. Sucísimo.

En 2008, el gobierno alemán compró bajo cuerda listados sustraídos en Liechtenstein por cuatro millones de euros y acorraló a una serie de defraudadores. Recuperó 180 millones pero sobre todo mandó un aviso. ¿A quién? ¿Por qué?

No debe aprovecharse la ocasión que brinda el HSBC para hacer tremendismo contra el capital. El dinero es como el oxígeno: necesidad de respirar. Pero la reputación de la banca se juega en abusivas causas particulares, de gentes perfectamente inocentes, brutalmente zarandeadas por la máquina de la justicia y, al cabo de los años declaradas inocentes. Todo sea en defensa de los sacrosantos intereses generales. Un caso injusto desprestigia a un estado de Derecho tanto como mil. Pero los defensores de los estados sostienen, con cifras, que por cada inocente purificado aparecen mil indeseables.

«Las autoridades suizas no admitirán el uso de datos robados ante el requerimiento de autoridades extranjeras». Pero Suiza es un país pequeño, vulnerable, relativamente soberano. Francia se ha lanzado sobre el pen drive de Falciani como se lanzaban los leones a la arena del circo. El ministro francés del Presupuesto, Éric Woerth, discutía con la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Berna, Micheline Calmy. En los primeros meses de la crisis, el gobierno suizo hubo de firmar, bajo presión de la OCDE, la Convención Internacional sobre Fraude Fiscal. Berna se comprometía a no atraer fondos de paraísos fiscales y a facilitar datos a los signatarios de la Convención «en casos de investigaciones dirigidas a específicos y justificados requerimientos particulares».