Higiene democrática

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

EL sumario del caso Gürtel contiene 70.000 folios, cuyo análisis riguroso en términos jurídicos debe ser realizado de forma exclusiva por los órganos jurisdiccionales competentes. En este sentido, el desarrollo del proceso penal con todas las garantías es incompatible con una valoración precipitada al servicio de intereses partidistas. No obstante, los datos conocidos hasta el momento permiten ya alguna conclusión provisional desde una perspectiva política. Resulta evidente que no hay comparación posible entre este caso y la trama de financiación irregular del PSOE que dio lugar al escándalo Filesa. Con toda probabilidad existen comportamientos individuales que merecen una sanción penal y otros que son reprobables desde un punto de vista ético e incluso estético. Determinadas conversaciones privadas entre los implicados reflejan un estilo personal y una falta de escrúpulos que descalifican a los interlocutores ante los ciudadanos. Sin embargo, sean cuales fueren las ramificaciones territoriales, es inaceptable la acusación de que el PP ha montado una trama de financiación paralela. Es también una falacia interesada pretender que la corrupción es un rasgo inherente a los dirigentes populares. Las serias dificultades que atraviesa Rodríguez Zapatero -en sus horas más bajas desde que accedió al poder- explican, pero no justifican, una operación de descrédito contra el principal partido de la oposición con la finalidad evidente de desviar la atención de la opinión pública. Por otra parte, las garantías propias del Estado de Derecho deben respetarse escrupulosamente en el proceso penal, lo cual no se corresponde con las filtraciones del sumario y los informes policiales que aparecen en el momento oportuno para alimentar la campaña contra la oposición.

La legitimidad propia del Estado democrático exige una rigurosa selección de los cargos públicos, puesto que las sospechas de corrupción dañan sin remedio la imagen de los políticos y provocan la desconfianza de los ciudadanos. Vivimos en un «Estado de partidos», lo que obliga a establecer reglas de transparencia en la financiación y de control estricto en el manejo de los cuantiosos recursos de que disponen. Algunos de los implicados en el caso Gürtel no responden al perfil que una sociedad democrática tiene derecho a exigir a sus políticos y a las personas que mueven influencias en los aledaños del poder. Es una evidencia que este tipo de personajes, ocupen o no cargos orgánicos o institucionales, proliferan en todos los partidos y la higiene democrática requiere su identificación y su exclusión respecto de los núcleos donde se toman decisiones políticas y económicas. Un dirigente que se deja corromper por regalos o dádivas de este género no merece la confianza de los ciudadanos. Sin negar la evidencia de que existe una campaña para desprestigiar al PP y reducir así sus crecientes expectativas electorales, la sociedad española exige una reacción firme y a la vez prudente de Mariano Rajoy ante las dimensiones que alcanza el asunto. Los problemas reales que sufren millones de ciudadanos requieren que la oposición dedique todo su tiempo y esfuerzo a controlar la acción de un Gobierno incapaz y a ofrecer una alternativa imprescindible en el contexto actual, sin perder el tiempo en despejar interrogantes internas.