Hasta cuándo Garzón

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EL juez Garzón ha provocado un nuevo espasmo en la justicia española al iniciar una investigación por supuestas torturas denunciadas por presos islamistas que estuvieron recluidos en Guantánamo. Es la réplica de Garzón a la oposición frontal que mostró el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a la querella presentada contra los juristas estadounidenses que planificaron el régimen legal de Guantánamo, querella que Conde-Pumpido llegó a calificar de fraudulenta. Ahora, Garzón reaviva unas denuncias que conocía desde hace varios años y a las que no prestó atención, pero con las que pretende encumbrarse a la dirección de una causa general contra la administración Bush, evidente objetivo último de estas decisiones. Para empezar, Garzón ya ha reclamado al juez Moreno que le remita las diligencias por los «vuelos de la CIA», alegando la conexión con las supuestas torturas a presos islamistas.

Este tipo de actuaciones judiciales desacredita el principio de justicia universal porque acaba convirtiéndose en el zafarrancho de jueces oportunistas y de estrategias puramente ideológicas, que dejan al Estado, titular del poder jurisdiccional, en manos de iniciativas incontroladas. La regulación actual de la justicia universal en España es insostenible. Resulta inaplazable una reforma que condicione la incoación de estos procesos a la existencia de un interés directo del Estado español e incluso a una querella sólo del Ministerio Fiscal. Con la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, la Audiencia Nacional puede investigar cualquier delito contra la humanidad cometido en cualquier tiempo y lugar, pasando por encima de las relaciones diplomáticas, de la soberanía de los demás Estados y del respeto a la función jurisdiccional. Se sabe que ninguno de estos procesos es viable, por dificultades insalvables para obtener pruebas, recibir la colaboración del Estado donde se produjeron los delitos o sentar a los responsables en el banquillo, pero se promueven aun a pesar de este fracaso asegurado, engañando además a las víctimas con unas expectativas que no se van a cumplir. Ahora bien, a esta situación se ha llegado por causas concretas, entre otras, por el halago de la izquierda que hoy gobierna a esta forma justiciera y demagógica de hacer justicia, sobre todo cuando compromete a otros gobiernos o políticos conservadores. Lo procedente, y a la espera de que en algún momento ser un mal juez tenga consecuencias, es que la Fiscalía se oponga a este nuevo sumario de Garzón y que el Gobierno cambie la ley para resguardar el poder jurisdiccional del Estado frente a nuevas temeridades judiciales en el extranjero.