Un Gobierno insostenible

Estar a merced de los separatistas ha convertido a Sánchez en un riesgo para la estabilidad de España

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Las señales que sigue emitiendo el Gobierno sobre su voluntad de cesión a los independentistas catalanes son cada vez más preocupantes. La reciente reivindicación de Quebec como un ejemplo útil para dar soluciones a Cataluña, la asunción por el Estado del 60 por ciento de la deuda a corto plazo de la Generalitat o la sistemática campaña en favor de la excarcelación y los futuros indultos para los políticos presos son indicios de que la Generalitat está doblando el pulso al Ejecutivo central. Esos mensajes de debilidad se complementan además con el silencio de La Moncloa ante el permanente chantaje y las amenazas de desobediencia en el Parlament manteniendo el derecho a voto de Carles Puigdemont. Pedro Sánchez es consciente de que su supervivencia en el poder está condicionada en gran medida a la aprobación de los Presupuestos, y que ello depende, entre otros partidos, de ERC y del PDECat. Y estar a merced de los separatistas con la manifiesta endeblez que le conceden sus 84 diputados socialistas ha convertido a Sánchez en un riesgo para la estabilidad de España.

Nada, absolutamente nada, ha mejorado desde su llegada al poder. Ni cumple con su promesa de «normalizar» España ni con su compromiso de convocar elecciones. Sánchez no solo está desacreditado después de que ABC haya demostrado que plagió su tesis doctoral, o de que haya tenido que destituir a dos ministros en tres meses, o de que mantenga con respiración asistida a la titular de Justicia pese a mentir públicamente. Sánchez está desacreditado porque ni su Gobierno es de «expertos», como presumió, ni está coordinado ni piensa en fortalecer al bloque constitucional para la defensa de la unidad de España, muy mayoritario en nuestro arco parlamentario. Las gestiones subrepticias del socialismo para mantener viva entre los separatistas la esperanza de que los golpistas serán indultados si son condenados por rebelión son dañinas para nuestro Estado de Derecho. Si permanecen encarcelados a la espera de juicio es porque hasta siete procesados huyeron de España, y el riesgo de fuga no es una elucubración judicial, sino una evidencia. «Hacer política» no consiste en arrodillarse ante el independentismo o en reducir, como hizo ayer, el desafío golpista a «una crisis de convivencia», sino en respetar las normas del Estado de Derecho, la separación de poderes y las decisiones independientes de los jueces sin presiones indecentes. Ayer Sánchez se empecinó en no sacrificar a la titular de Justicia para no verse forzado a dar por concluida la legislatura, algo que por cierto no se entiende si el CIS le atribuye hoy más del 30 por ciento de los votos. Sin embargo Sánchez sabe que es un dato sobredimensionado, y hasta sus socios de Podemos y ERC han exigido la salida de Delgado. Sánchez prefiere huir hacia adelante con un Gobierno noqueado y en el que los ministros que le sugieren elecciones son ignorados.

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