Frenar el golpe concierne al TC

Por eso, también es la hora del TC en este momento crítico. Gobierno, jueces, fiscales, alcaldes y funcionarios públicos de toda clase se están implicando en frenar la embestida contra el Estado con actuaciones que, sin duda, para muchos de ellos, sobre todo ediles y funcionarios catalanes, acarreará el señalamiento público de los separatistas. Es cierto que el TC ha reaccionado con rapidez y unanimidad en todas sus resoluciones contra el proceso separatista, gracias a lo cual, el resto de instituciones del Estado han podido dar fundamento jurídico a sus decisiones administrativas y judiciales. Pero nadie puede decir que su responsabilidad esté agotada. El Parlamento dotó al TC de la potestad para vigilar la ejecución de sus decisiones y para sancionar a quienes las incumplieran con la suspensión en sus funciones públicas. Es público y notorio que esta reforma legal no cuenta con el respaldo de una parte no mayoritaria de los magistrados del TC, pero esto ahora resulta irrelevante. Es una ley vigente, avalada por el propio TC y que debe ser acatada. El TC, por ser la última instancia de control constitucional, no está exento de cumplir las leyes que él mismo refrenda.

Empezando por Carles Puigdemont, numerosas autoridades de la Generalitat catalana están incumpliendo diaria y públicamente la paralización del referéndum del 1-O. Son autoridades a las que el TC debe suspender, sea o no del agrado de sus magistrados la ley que prevé esta medida, incluso por discutible que resulte para muchos juristas que no comparten la idea de que el TC tenga esta potestad sancionadora. Los jueces no aplican las leyes en función de sus gustos, sino del mandato de las propias leyes.