La policía judicial y otras menudencias

Ya sé qué es un caso manido, pero antes de que cierre no me resisto a repetirme una vez más por gravedad de lo sucedido con ocasión del cese de Pérez de los Cobos , que ha conmovido otra vez los cimientos de nuestro inestable Estado de Derecho. El ejecutivo quiere enterarse de cómo se hacen las cosas en un determinado juzgado. Protesta la jueza titular, las asociaciones de jueces -no todas, pues hasta ahí podíamos llegar-, partidos políticos, colegios profesionales, la prensa y hasta comunidades autonómicas, como la de Madrid, que a través de su Consejero de Justicia, otro personaje bien situado políticamente, afirma que no ha visto «un caso tan grave» en sus «casi 30 años ejerciendo de juez» como la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, justificada por «pérdida de confianza».

Estamos ante unos hechos derivados de la inexistencia de una policía judicial dependiente de los jueces y fiscales , tal como exige el art. 126 de la Constitución y como algunos vemos predicando hace tiempo. Otra vez me repito. A lo mejor a fuerza de oírlo, algo se consigue, aunque no lo creo. Porque a los gobiernos de cualquier signo les gusta tener el máximo control posible sobre los temas que le puedan interesar, incluso los judiciales, de los que no acaba de sacar sus manos pecadoras. Que se viola la Constitución, ¿y qué? Una vez más. Que se ha jurado o prometido cumplirla... Si solo fuera ese artículo el incumplido estaríamos de enhorabuena. El desorden jurídico determina un estado de cosas como el presente.

Esta ausencia institucional ha dejado a lo largo de nuestra historia posconstitucional escándalos tan sonados como el del 23-F o el 11-M, en los que no se ha podido saber lo que pasó porque fue la propia policía del caso la que, según se afirmó, destruyó pruebas . Las de los ERES andaluces enfangó al partido gobernante sustituyendo policías y acosando a la jueza que pidió el traslado aburrida de que la tomaran el pelo. Por ahí han quedado sus protestas. Con una verdadera policía judicial, los resultados hubieran sido muy diferentes, aunque quedando en mal lugar el gobierno de turno. Y en el caso del 11-M ocasionó nada menos que un vuelco electoral memorable. Miremos pues si tienen importancia a no las golferías gubernamentales y la inocuidad del cumplimiento de preceptos constitucionales. Ya sé que el precepto en cuestión ha sido desarrollado reglamentariamente, para llegar a dónde estamos. Pero para ese viaje no habríamos precisado alforjas.

La jueza Alaya se despachó en la portada de un periódico nacional para que se enterase todo el mundo del atropello jurídico padecido en la tramitación del ya vetusto caso de los ERES andaluces y sus reiteradas protestas que ni siquiera consiguieron el apoyo del Consejo General del Poder Judicial. Caso tan grave y suficiente para que alguien hubiese caído. Pero tranquilos, aquí no ha pasado nada. Están durmiendo la siesta con otro caso principal, como es el del presidente Pujol, y la dormirán dentro de unos días con el del coronel destituido.

Papel fundamental habría tenido en este asunto el Consejo General del Poder Judicial, lo que ocurre es que está «missing» , afectado también por el incumplimiento de otro precepto constitucional relativo a su renovación que lleva año y medio de retraso, para gozo de sus vocales cobrando un sueldo suculento, porque nuestros gobernantes no quieren ceder en el consenso preciso, poniendo delante otra vez sus propios intereses a los del pueblo, que como una gran paradoja es el soberano. Es posible que si nos pusiésemos a desojar el árbol de la Constitución, hoja por hoja, no quedaría más que el tronco, y eso que todos los responsables han jurado o prometido guardar y defender nuestro principal texto legal.

Ahora todos hablan de reformarla, ¿para que? Si están gobernando algunos salidos de urnas democráticas que jamás pensaron poder estar en un gobierno. Entonces, ¿qué es lo que falla? Un afamado politólogo encuentra una solución en las listas abiertas y segunda vuelta. Parece ser que este sistema es del agrado de un alto porcentaje de votantes, pero no del gusto de los que han tenido el poder de adoptarlo, con lo cual seguiremos perteneciendo al pueblo soberano, que es el que manda según nuestra Constitución. Pueblo que, la verdad, aguanta lo que le echen, pero decidir y opinar... eso es otra cuestión. Perdón por las repeticiones, pero ya cierro, de verdad, antes que nos den otro susto.

* Fernando Gómez de Liaño es catedrático de Derecho procesal.