Exámenes políticos

Lo mejor que puede hacer, pienso, es pedir al Supremo que vea su asunto cuanto antes

José María Carrascal
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¿Cuántos másters «regalados» (uso el calificativo de la juez encargada del caso) existen hoy en España? Por lo pronto, cuatro: el de Pablo Casado y los de las tres compañeras que lo obtuvieron con él en 2008 sin asistir a clase. Pero si pensamos en las condiciones en que se dieron, en el desbarajuste de nuestros planes de enseñanza, con cambios con cada gobierno, y en la rapacidad de los políticos, es casi seguro que existen más, muchos más, puede que centenares. Y si se le añaden los favores en la convalidación de asignaturas, cursos, carreras incluso, llegaríamos fácilmente a los millares. Ahí tienen al alcalde de Valladolid, haciendo desaparecer de su currículum un master, o la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que no aparece por ninguna parte, como su «alto cargo» en Naciones Unidas.

Los «exámenes patrióticos» al final de la guerra civil fueron un coladero para quienes habían participado en ella, en el bando vencedor, desde luego. Bastaba presentarse de uniforme a los exámenes, para obtener un título universitario. Coladero también es lo ocurrido desde la Transición en la enseñanza: exámenes, cátedras, másters y demás. Las prebendas educativas a la clase política, como se vio en el caso de Cristina Cifuentes, alcanzan ahora al actual presidente del PP. La jueza del caso ha visto cohecho impropio y prevaricación. Como Pablo Casado tiene inmunidad parlamentaria, lo ha pasado al Tribunal Supremo. Casado presenta documentos acreditativos de que se limitó a hacer lo que la Universidad Rey Juan Carlos le exigía. Lo que quiere decir que, si hubo delito, es atribuible más a esta que a él. Concretamente, al director del curso, ya apartado del cargo. Pero si estamos ante una «causa general» de privilegios académicos a políticos, el Supremo tiene que investigar a niveles más amplios la «responsabilidad criminal» que la juez apunta.

No intento excusar a Casado. Se equivocó al creer que los documentos presentados cerraban su caso y volvió a equivocarse al competir por la presidencia del PP con ese frente abierto para su partido y para él. No sé si fue inexperiencia o prisas por alcanzar la meta. Lo mejor que puede hacer, pienso, es pedir al Supremo que vea su asunto cuanto antes, poniéndose a su entera disposición para aclararlo. Pero el letrado es él, no yo. En cualquier caso, va a tener que dedicar por lo menos la mitad de su tiempo a demostrar que es inocente de lo que se le acusa, una aberración jurídica. Pero «España y yo somos así, señora». Además, si la mujer del César tiene no solo que ser honesta sino también parecerlo, a los dirigentes políticos y aspirantes a serlo les ocurre exactamente algo parecido sin que valga apuntar a los rivales de lo mismo. ¡Y todo por un máster cuyo título ni siquiera se dignó recoger! Debería demostrar su inocencia. Pero lo que demuestra es la poca importancia que le dio. La ambición excesiva es tan letal como la falta de ella.

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