Estados Unidos defrauda al mundo

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Hoy  entra en vigor el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, aprobado en 1998 por la Conferencia de Naciones Unidas celebrada en Roma. No obstante, su funcionamiento efectivo no se producirá hasta que estén decididos todos los nombramientos de jueces, fiscales y del resto de funcionarios y personal, y se le haya dotado de los medios e infraestructuras suficientes, lo que se prevé que no suceda hasta dentro de un año aproximadamente. Hasta el momento, el Estatuto del TPI ha sido ratificado por 71 países, pero este amplio consenso-mayor aún si se tienen en cuenta los Estados que lo han firmado y aún no lo han ratificado- puede quedar seriamente mermado si Estados Unidos se mantiene en su decisión de no suscribirlo a menos que se garantice la impunidad de sus soldados. Sobre la mesa quedaba su amenaza de vetar la prórroga de la misión de paz de la ONU en Bosnia, que expiraba a medianoche de ayer y que finalmente se amplió 72 horas en espera de soluciones.

La obstinada resolución de Estados Unidos va más allá de esta cláusula de salvaguarda para sus tropas y revela una oposición de principio a una institución que encarna la aspiración de una justicia verdaderamente universal. El ex presidente Clinton firmó el Estatuto del TPI un minuto antes de abandonar la Casa Blanca, lo mismo que tardó Bush en sacar a Estados Unidos de la culminación de un proyecto histórico. El TPI existe porque existe una comunidad internacional con valores que ha alcanzado una dimensión ética y jurídica ineludible, que necesita una institución estable. La justicia internacional se ha basado, desde los procesos de Nuremberg y Tokio hasta los juicios por los genocidios de Ruanda y la desaparecida Yugoslavia, en Tribunales ad hoc, justificados plenamente con criterios de justicia material, pero con los matices negativos de ser órganos excepcionales sin reglas predeterminadas de composición y funcionamiento. El TPI zanja estos problemas de seguridad jurídica y, al mismo tiempo, confiere a la comunidad internacional un brazo judicial contra la impunidad de los genocidas y de los criminales de guerra.

La actitud de Estados Unidos frente al TPI traslada el mensaje de que quiere «manos libres» en sus intervenciones militares y de que ni siquiera asume el compromiso de juzgar a sus propios soldados cuando cometan crímenes de guerra, lo que impediría su enjuiciamiento por el TPI. También es incoherente con el liderazgo que ha asumido entre las democracias occidentales frente al terrorismo internacional. Sus aliados, empezando por los Estados europeos, no dudaron en respaldar las campañas en Afganistán ni en impulsar en todos los foros internacionales las decisiones más drásticas adoptadas nunca para combatir, por encima de las fronteras, al terrorismo. Las razones por las que se prestó ese apoyo se mantienen intactas y sería un error debilitarlo o cuestionarlo por la negativa de Estados Unidos a ratificar el Estatuto de Roma. Sin embargo, Estados Unidos se hace insolidario al despreciar que el TPI también forma parte de esa aspiración de justicia global, que, como toda norma jurídica, supone una limitación para todos los países que lo han suscrito. A Estados Unidos no se le piden más compromisos que los que han asumido sus aliados, entre ellos España.