Una España imposible

M. MARTÍN FERRAND
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SON muchas las crisis que tenemos encima. El análisis suele quedarse en la superficie y contemplar los aspectos locales de la crisis financiera mundial que asfixia las economías de los países y las personas; pero esa es sólo la espuma del problema, su aspecto más visible y menos hondo. También hablamos, aunque con menor intensidad, de nuestros males específicos, que van desde un Estado gastador y con insostenibles pretensiones de bienestar a la generalizada costumbre de no trabajar con el esfuerzo y la productividad con que lo hacen nuestros vecinos en la UE. No es parte menor del problema el hecho de que mantener y retribuir a unos tres millones de funcionarios que pueblan Ayuntamientos, Diputaciones, Autonomías y una Administración del Estado tan elefantiásica como hueca de contenido.

Con todo, como estructura de la mayoría de nuestros males económicos presentes, está el Título VIII de la Constitución del 78. Se pretendió dotar de autonomía para la gestión a los municipios, a las provincias y a las Comunidades Autónomas; pero los hechos, avalados por la condición elástica que, como fruto del consenso, impregna la Carta Magna han llevado a la práctica de un Estado que es mero continente de los contenidos que, cada cual a su modo, han querido atribuirse las diecisiete porciones en que se ha fragmentado el viejo solar español. En tiempos de bonanza, el precio -una menor velocidad en la carrera del progreso- resultaba asumible. Ahora, cuando no solamente le vemos las orejas al lobo, sino que nos atufa su aliento, no hay solución para el problema económico español que no deba arrancar de una reconstrucción del Estado y sus competencias con el establecimiento de límites claros y definitivos de las Autonomías.

Podrían proponerse multitud de ejemplos para demostrar lo apuntado más arriba. Baste un botón que nos presta la frustración del ministro Miguel Sebastián. Con buen sentido y en cumplimiento de lo que ordena Bruselas pretendía una Ley de Comercio sobre supuestos de libertad de servicios y establecimientos. No será así. El proyecto se ha ido desvirtuando y las Autonomías mantendrán, por puras razones de clientelismo político, el férreo control de los comercios de menos de 2.500 metros cuadrados. Naturalmente, cada Autonomía con sus propios criterios. Así, la crisis será perpetua; pero muy plural, eso sí, y repleta de identidades nacionales y rasgos diferenciales.