Error de cálculo

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LOS consejos de administración de Endesa e Iberdrola, reunidos ayer para evaluar las condiciones establecidas por el Gobierno a su proyecto de fusión, acordaron por unanimidad la decisión de no seguir adelante con la operación. Cuestionar la decisión de los órganos de administración de las empresas es un sinsentido. Los consejos de las compañías son soberanos para tomar las iniciativas que crean más convenientes desde el punto de vista empresarial. Pero tampoco es cuestionable el hecho de que al Gobierno le corresponde garantizar la competencia del mercado eléctrico español y velar por los intereses de los consumidores.

Lo que resulta extraño es que Endesa e Iberdrola se hayan embarcado en esta aventura empresarial sin tener todos los cabos atados. Entre otros, el del accionista de referencia, BBVA, que en este largo episodio ha jugado con actitudes y planteamientos muy discutibles. En sus mesas de trabajo estaban no sólo el decreto liberalizador de junio de 2000, que establecía unas claras reglas de juego con límites a la capacidad de crecimiento, sino también desde hace semanas los informes de la Comisión Nacional de la Energía y del Tribunal de Defensa de la Competencia, que daban pistas claras sobre las condiciones que pondría el Gobierno al proyecto.

Los puntos clave de la decisión de la ruptura se encuentran, al parecer, en aspectos relacionados con los niveles de certidumbre y con las garantías de seguridad jurídica en las que se produciría el proceso en función de las condiciones fijadas por el Gobierno. Ambas empresas consideran que estas condiciones «modifican sustancialmente el proyecto, afectando en términos negativos y en proporción muy significativa a sus vías de creación de valor».

Es posible que en algún punto no les falte razón. Incluir entre las condiciones de la fusión aspectos como el que «en el supuesto de que, una vez ejecutadas las desinversiones que procedan para dar cumplimiento a estas condiciones sustantivas, se produjese una modificación relevante de las condiciones de competencia en los mercados eléctricos no derivada de los previstos en el presente acuerdo, el Servicio de la Competencia podrá proponer al Gobierno la modificación de los plazos o de los límites establecidos en las mencionadas condiciones sustantivas» es ir demasiado allá en el afán regulador. Pero resulta también evidente que algunas críticas a las condiciones establecidas por el Gobierno son excesivas, como por ejemplo las realizadas a la eliminación del mecanismo de cobro de los CTC. Era más que razonable que el Gobierno optara por modificar los CTC si se estaban contemplando plusvalías sobre enajenación de activos. Querer ser cabeza de león y mantener la cola de ratón al mismo tiempo parece una misión imposible. De hecho, en el texto enviado ayer a la CNMV por Endesa e Iberdrola, se subraya que la modificación introducida en materia de Costes de Transición a la Competencia penalizaría a los accionistas de Endesa e Iberdrola frente a los de otras compañías que «resultarían privilegiadas».

En cualquier caso, la decisión de los presidentes de ambas empresas, Rodolfo Martín Villa e Íñigo Oriol, de abortar la fusión pone de manifiesto el enorme error de cálculo cometido por los impulsores de la misma, que no han sabido canalizar la integración de ambas compañías ni desde el punto de vista técnico ni desde la perspectiva financiera ni con la sutileza política que el asunto requería.

Urge ahora que tanto Endesa como Iberdrola puedan construir en tiempo récord proyectos de futuro, una vez que ha quedado desguarnecida su estrategia a corto y medio plazo. Urge también que aclaren a sus accionistas cuál será la política de sus empresas en los próximos meses, después de que se haya conocido que la eléctrica vasca pensaba modificar la ecuación de canje o distribuir a sus accionistas un dividendo de compensación. Y urge que aclaren determinadas filtraciones interesadas que aseguraban que el proyecto de fusión contaba con el apoyo de altas instituciones de la Administración del Estado. Menos preocupante es el debate político, que hoy se escenificará en el Congreso con la comparecencia del vicepresidente Rodrigo Rato, y un PSOE que primero acusa al Gobierno de venderse a las empresas y, después, le culpa del fracaso de la operación.