Suscribete a
ABC Premium

EDITORIAL ABC

Los enredos del prófugo en Bélgica

Puigdemont se equivocó provocando al Estado y se equivocará de nuevo con su estrategia de difamación del sistema judicial, porque España acabará imponiendo su razón y su derecho para juzgar al expresidente catalán

INÉS BAUCELLS

ABC

La suerte procesal de Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados empezó ayer a definirse después de que la Fiscalía belga apoyara la entrega de los cinco prófugos por todos los delitos por los que son reclamados por la Audiencia Nacional, excepto el de prevaricación. ... La orden europea de detención y entrega permite a los Estados miembros condicionar la entrega del sospechoso a que sea juzgado sólo por los delitos que autorice el juez encargado del caso. Si el juez belga atiende la solicitud del fiscal, Puigdemont y sus exconsejeros podrían ser juzgados en todo caso en España por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Lo que sí es seguro para todos ellos es que cuando sean entregados a España deberán ingresar en prisión provisional porque su fuga ya no es un riesgo, sino una certeza. La claridad de la Fiscalía belga en sus alegaciones no ha sido suficiente para que el juez de Bruselas encargado de la primera decisión sobre la entrega de los prófugos acelerara su resolución . Por el contrario, ha señalado una nueva vista para el 4 de diciembre, en la que el abogado de Puigdemont insistirá con su estrategia de difamación contra el sistema judicial y penitenciario español; una trampa en la que cayó la Fiscalía belga cuando reclamó al Gobierno explicaciones sobre las condiciones del encarcelamiento de Puigdemont, como si hubiera que poner en duda el respeto de España por los derechos humanos y, particularmente, los derechos de acusados y presos. La Constitución de 1978 y el sistema procesal penal español tienen un nivel de garantías máximo, que se vio mejorado con la reforma de la justicia penal en 2015, que introdujo el derecho de todo condenado a la doble instancia y nuevas medidas en el derecho de defensa letrada, como la entrevista reservada entre detenido y abogado. El descenso de la población penitenciaria en España –que no llega a 60.000 reclusos, incluyendo los que están bajo control de la Generalitat– elimina cualquier riesgo de hacinamiento y permite a los presos unas adecuadas condiciones de comodidad en su vida penitenciaria.

Artículo solo para suscriptores

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia