Emergencia máxima

ÁLVARO DELGADO-GAL
Actualizado:

A lo largo de los últimos treinta días, se han producido dos hechos cuya proyección en el futuro inmediato no podemos ponderar aún. Ambos son gravísimos, y aunque inconexos, podrían entrar en sintonía de aquí a no mucho. Voy por orden. A mediados de abril sindicatos, actores, un secretario de Estado, miembros del PSOE e IU, y algunos puntos fuertes del progresismo de carril, se reunieron en la Facultad de Medicina de la Complutense para desautorizar al Tribunal Supremo y exigir justicia democrática. Entendámonos bien, una justicia más alta, más urgente, que la emanada de los procedimientos y la aplicación de la ley por los jueces. Un ex fiscal vociferante llamó a los magistrados de la Sala Segunda torturadores y fascistas. Zapatero pidió, al día siguiente, respeto para el Tribunal. No obstante, se hace invencible la sospecha de que el Gobierno toleró en el mejor de los casos, y alentó en el peor, el infeliz aquelarre. Súmense dos y dos: no es verosímil que el rector ofreciera hospitalidad a los asistentes sin tantear antes el terreno; concurrieron los mismos que han apoyado al Gobierno cada vez que éste ha decidido mover la calle; no se explica qué pintaba allí el señor Zarrías, secretario de Estado y figura de mucho peso en el PSOE; y resultó revelador que casi todos los ministros, mientras callaba el de Justicia, mostrasen su comprensión hacia el acto tremendo.

¿Qué provocó el remolino? En esencia, la admisión por la Sala Segunda de una querella contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Conviene diferenciar tres extremos: el contenido de la investigación, la circunstancia de que el querellante sea Falange Española y la oportunidad de la admisión desde un punto de vista técnico. Sobre lo último existen serias dudas, formuladas en su momento por el Ministerio Fiscal. A lo que parece, no está claro que la figura conocida como «Acción Popular» contemple como querellante a un partido político, para más señas, a un partido que no es víctima en el caso que se está investigando. El hecho de que ese partido fuera Falange añadió leña al fuego. Pero no nos engañemos. Los entusiastas de la Complutense no pusieron el grito en el cielo armados de la Constitución y sus posibles acepciones. El asunto discurrió por otros cauces, por llamarlos de alguna manera. Recuperando la consigna jacobina del complot de los aristócratas, se postuló una vasta conspiración judicial de signo fascista, siendo así que lo único que consta, hasta la fecha, es una discutible decisión del juez instructor, animado por un celo que algunos estiman más proporcionado a las otras dos querellas que pesan sobre Garzón. Se inhabilitó el Estado de Derecho, y se desencadenó una ofensiva cuyo remate ha sido la impugnación de la Transición y de la Monarquía. Conclusiones, las últimas, brutales, aunque coherentes dentro de su simplicidad. Reconstruida la historia de nuestra democracia en clave paranoica, todo encaja. La Transición se verificó por una claudicación de la izquierda, cautiva o intimidada por un Ejército de profesión franquista; las instituciones surgidas de esa claudicación no son, en consecuencia, legítimas; no lo es la Monarquía; y a fin de cuentas, no lo es el PP, cuya ilegalización fue urgida, días más tarde, en una manifestación en Madrid.

No creo en absoluto que el Gobierno deseara llegar a donde han llegado sus palmeros más bozales. Su propósito era juntar fuerzas, recitar conjuros, resucitar la unidad ensayada cuando lo del chapapote, lo de Irak y todo eso. Ahora bien, tampoco creo que advierta, con la lucidez deseable, qué peligroso es lo que ha ocurrido. Zapatero ha corroborado su propensión a salirse del perímetro en que se encierran las reglas de juego. No es la primera vez que lo hace, pero nunca se había forzado el motor tanto como ahora. El segundo hecho nos remite al miércoles 12 de mayo. Apelando a las tormentas financieras, y sin mayores explicaciones, el presidente anunció un plan de austeridad que contradice sus diagnósticos económicos de los dos últimos años y anula sus compromisos políticos más solemnes. La causa de esta volte-face es perfectamente conocida. El remolino griego amenazaba con tragarse también a España, España es demasiado grande, y los que mandan más que nuestro presidente le han leído la cartilla y le han impuesto, que no sugerido, un recorte inmediato -y no será el único- del gasto público. El Gobierno, sin tiempo para hilar más fino, ha metido el bisturí en las partidas que controla de modo directo: Obras Públicas, pensiones y salarios de los funcionarios. ¿Cómo ha reaccionado la opinión?

Con algunas excepciones, como la de este diario, de modo decepcionante. Para ser más precisos: con unas maneras, y unos argumentos, que revelan una asombrosa, y temo que genuina, ignorancia de lo que es una democracia. Seamos claros: el problema fundamental no está en que las medidas sean necesarias, que lo son, hasta el punto de que no sólo son necesarias, sino insuficientes.

El problema no está tampoco en atinar con la combinación parlamentaria que permita aprobar el recorte en el Congreso. Ni está en las oportunidades que la terrible emergencia abre a la oposición, o a tal o cual partido minoritario y agazapado. El problema está en que el sentido democrático más elemental exige que Zapatero deje las riendas a otro, preferiblemente de su mismo partido. En democracia existe lo que los ingleses denominan accountability, responsabilidad personal frente a los ciudadanos. La responsabilidad exige coherencia moral, y la coherencia moral no se preserva con maniobras en el Parlamento, sea cual fuere el buen éxito de éstas. Es un valor más básico. Quien se desmiente aparatosamente, o gira y enseña una cara que nadie reconoce, carece de títulos para liderar lo contrario de lo que representaba ante sus electores o el conjunto de la nación.

Hemos dado pruebas, en el espacio de treinta días, de una inmadurez colectiva que corta el resuello. Los partidos, en su conjunto, tienen el deber de ponerse a la altura de los acontecimientos. El pueblo también, por supuesto. Pero el demos tiende a inhibirse en las etapas de bonanza, o a estallar en erupciones erráticas en los momentos de emergencia. Si la oferta política no se corrige, habremos dado un paso serio hacia la desnaturalización irreversible de la democracia. El peor de los escenarios, espero que no confirmado por el desarrollo de las cosas que están por venir, sería aquel en que abril se superpusiera a mayo. ¿A qué me refiero? A la posibilidad de que los mismos que han alentado la discordia a impulsos de un oportunismo miope y rutinario intenten salvar la cara frente a su parroquia menos ilustrada atizando causas radicales en el terreno de los símbolos. La necesidad en que el PSOE se encuentra de contar con el PP opera en contra de esa contingencia terrorífica. Pero no sabemos aún de qué lado caerá la moneda, o si el propio PP sabrá distinguir entre lo verdaderamente importante y los cortocircuitos que atajan el camino hacia el poder. Todos dependen de todos, o, si se quiere, todos dependemos de todos. Aunque no todos somos iguales. Debiera estar claro a quién corresponde dar el primer paso.