La muy elástica propiedad de la TV

Por M. MARTÍN FERRAND
Actualizado:

ALGUNOS, los mismos que luchamos durante muchos años por la hipótesis de la televisión privada en España, nos desgañitamos en 1988 al ver la que perpetraba el Gobierno del PSOE. Aún así, la ley 10/88 alumbró un modelo escaso de competencia audiovisual, con todo tipo de restricciones y el añadido perverso de una Retevisión que se reservaba el monopolio en el transporte de las señales. Así se dio paso a un episodio concesional en el que fueron posibles dos televisiones abiertas y una de pago -las tres dentro del asfixiante corsé de la ley- mientras, en los ámbitos locales y regionales, comenzó la metástasis de emisoras piratas y corsarias conocidas hoy como ilegales y alegales.

Entre los muchos males aportados por aquella ley fundacional de la actividad privada en el sector no era el menor, en contra de todos los principios mercantiles al uso, la limitación por la que ninguna persona, física o jurídica, pudiera sobrepasar, directa o indirectamente, el 25 por ciento de la propiedad en una de las nacientes cadenas. Como el espectro radioeléctrico es escaso, decían los barandas socialistas de espaldas a las posibilidades de la tecnología, se fuerza un «pluralismo interno» en cada sociedad concesionaria en bien de la democracia. Tan escasa argumentación prevaleció ante todo tipo de razones. En 1998, ya en tiempos del PP, esa burla legislativa bautizada como ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado modificó, de tapadillo, los límites a la propiedad establecidos en la ley del 88 y los fijó en el 49 por ciento del capital de cada entidad emisora. Así convenía entonces al desarrollo del aznarismo-telefonismo con que se trataba de neutralizar, muy torpemente, la fuerza del felipismo-polanquismo.

Ahora, otra vez con subrepción y utilizando de nuevo la ley de Acompañamiento, esa mascarada legislativa con que las mayorías absolutas imponen sus criterios, el Gobierno se dispone a mover los límites a la propiedad de las televisiones y fijarlos en el 100 por ciento. Aún señalando la indignidad democrática del método, la decisión sería buena si llegara acompañada de otras tendentes a ampliar el pluralismo del sector, propiciar su libertad y engrandecer sus posibilidades.

La única razón que, en su día, justificaba el planteamiento restrictivo del PSOE era una inexistente limitación del espectro. Hoy, en razón del avance tecnológico -televisión digital aparte- esa escasez es más inexistente todavía y la supresión de los límites al capital solo se justificaría con la ampliación de las posibilidades emisoras dentro de la ley. ¿Es razonable condenar a un sector a crecer únicamente en una tolerada ilegalidad? No le faltan razones a Telecinco cuando, ante la -¿próxima?- fusión de Sogecable y Vía Digital, augura una limitación a la competencia televisual que ya viene marcada por el estigma de la deslealtad de las televisiones públicas. Conviene recordar, con el refranero, que treinta monjes y un abad no pueden hacer cargar a un asno contra su voluntad.