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Editorial

Presión a Dolores Delgado

La fiscal general debe decidir cuanto antes si acusa formalmente a Don Juan Carlos o cierra la investigación, una vez que el caso en Suiza ya ha se ha archivado y no puede alargarlo ‘sine die’

Editorial ABC

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La decisión de la Fiscalía suiza de archivar definitivamente su investigación sobre Don Juan Carlos, al serle imposible acreditar que el origen de los 65 millones de euros que recibió en 2008 de Arabia Saudí fuese ilegal, o que respondiese a comisiones ilícitas por adjudicaciones relativas a la construcción del AVE a La Meca, es la mejor noticia con repercusión jurídica que recibe el Rey emérito desde que salió de España. Primero, porque la transmisión que Don Juan Carlos hizo de ese dinero a Corinna Larsen, a través de una sociedad instrumental panameña, necesariamente debe ser considerada desde ya como una donación por la que el monarca nunca reclamó contraprestación alguna. Y segundo, porque pese a que estas diligencias de investigación han estado abiertas durante años en Ginebra, se confirma ahora su archivo sin que Don Juan Carlos llegase a estar nunca imputado por ningún delito. Sí lo estuvo Corinna Larsen. Además, necesariamente esta decisión del Ministerio Público suizo deberá tener consecuencias en el proceso de investigación abierto en España, ya que la del país helvético era una de las tres líneas que permanecían abiertas aquí. La Fiscalía española está aún pendiente de recibir diversa documentación solicitada a Suiza para tratar de ahondar en las pesquisas, pero a raíz de la decisión conocida ayer ya parece perder todo el sentido seguir indagando en esa vía.

Aun así, y de momento durante seis meses más, la Fiscalía española se plantea mantener viva su investigación a la espera de cerrar flecos de comisiones rogatorias libradas al extranjero. Es cierto que los fiscales del caso consideran que las diligencias están agotadas y que, si todo concluye así, se archivarán de modo similar al de Suiza, también sin imputación alguna. Pero el caso sigue abierto por decisión expresa de la fiscal general, Dolores Delgado, y en algún momento tendrá que plantearse acusar formalmente o cerrar la investigación de una vez por todas porque no es posible seguir prolongando ‘sine die’, o por propio interés, algo que produce tanto desgaste institucional a la Corona.

Institucionalmente, sin embargo, nada parece que vaya a cambiar, al menos a corto plazo. Por ahora continúan inalterables las medidas que adoptó Felipe VI por la falta de ejemplaridad de su padre. Además, no parece plausible siquiera que Don Juan Carlos vaya a regresar a España en breve. Que Suiza haya archivado la causa no significa que las demás diligencias pendientes no se reactiven penalmente si surgen nuevos indicios. Además, si regresase, La Zarzuela tendría que tomar decisiones complejas sobre el estatus de Don Juan Carlos o sobre dónde debería residir. Son cuestiones que hoy no están maduras, pero que también habrá que abordar en algún momento con madurez, sensibilidad y sentido institucional. En cualquier caso, sigue siendo fundamental preservar su presunción de inocencia. El dato cierto es que ocultó a Hacienda parte de su fortuna en el extranjero, que tuvo que afrontar dos regularizaciones por valor de casi seis millones de euros, y que ya lleva una condena preventiva aparejada a su conducta aunque nunca haya sido imputado. Por eso, en términos personales y de imagen, su situación jurídica e institucional en España es aún delicada. Cosa distinta es que el cierre de la investigación en Suiza le beneficie claramente.

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