Moncloa, oficina de enchufados

Además, el análisis de muchos de esos cargos revela que son prácticamente inservibles. Cuentan con millones de euros de los Presupuestos Generales para su libre disposición y actúan como meros canalizadores de subvenciones a organizaciones amigas, bien camufladas entre mantras del progresismo. El Ministerio de Igualdad y sus múltiples organismos satélites son buen ejemplo de ello. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Consumo, que nunca debería haber pasado de ser una mera dirección general y que solo programa políticas sectarias y adoctrinadoras. Si muchos altos cargos y asesores sirvieran realmente para una gestión eficiente de los recursos públicos, podría tener sentido esta sobredimensión de nuestra Administración. Pero no es el caso.

Tal como denunció ABC en el pasado, el propio Sánchez ha utilizado organismos públicos para contratar como directivos y asesores a amigos de su juventud de los que no se conoce más mérito que el de ser enchufados de lujo. Y eso es precisamente lo que el PSOE, y sobre todo Unidas Podemos, se comprometieron a erradicar. Muchas de las asesorías creadas artificialmente son solo eso, coartadas ideológicas para sufragar con recursos públicos una agencia de colocación, como si La Moncloa fuese en realidad un inmenso cortijo en el que acoger a personas afines para dotarlas de un sueldo público para fomentar la propaganda gubernamental. Tanto es así que hasta el Tribunal Supremo se ha visto forzado a anular varios nombramientos por la absoluta carencia de justificación. En realidad, no ha habido un solo año de los tres y medio que Sánchez lleva en el poder en el que no se haya incrementado la nómina de asesores. Y tendría lógica si, en beneficio del interés general de los españoles, al menos le diese resultado. Pero ni siquiera ese es el caso.