Menos español, menos ciudadanos

El objetivo es acabar con la unidad de la ciudadanía española, introduciendo cuñas de división y fragmentación. El idioma común es un elemento vertebrador de la nación española y así se protege en la Constitución, que también ampara el uso de lenguas cooficiales allí donde existan. Lo menos importante es cuánto puede costar un sistema de traducción simultánea para los diputados. Lo relevante es la intención política de convertir la Cámara Baja en el Babel de la democracia, donde no se escenifique a diario la diversidad cultural española, sino la ruptura progresiva del concepto mismo de ciudadanía española. No hay una sola buena intención en la propuesta de permitir el uso de lenguas cooficiales mientras el castellano es maltratado en los colegios catalanes o mientras muchos ciudadanos de Baleares se quedan sin médicos especialistas porque no dan el nivel exigido de catalán. Esto no es el ‘bilingüismo cordial’ que defiende Núñez Feijóo, sino un paso más en el proyecto disgregador, que empieza manipulando el territorio, sigue con la apología de la etnia y acaba con la dictadura del idioma.

El Congreso es la institución de la soberanía nacional y su idioma es el castellano, lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar. La prioridad política en relación con las lenguas españolas es garantizar el derecho de las familias a que sus hijos estudien en castellano cuando quieran sin temor a una limpieza lingüística por no hablar, por ejemplo, catalán. A una izquierda internacionalista y jacobina que se declara heredera de los valores de la Ilustración y del republicanismo revolucionario, esta propuesta debería parecerle reaccionaria porque vuelve a desagregar a los ciudadanos de su identidad política común y los recluye en los corrales del nacionalismo. Pero no hay que engañarse, el PSOE es una izquierda adherida a la reacción nacionalista.