Editorial ABC

Manoseo judicial y patriotismo

Casi tres años después, el bloqueo para renovar el Poder Judicial persiste. Lesmes acierta al culpar a los partidos, y ya es una imperiosa necesidad modificar el sistema de elección

06/09/2021
Actualizado a las 21:18h.

El solemne acto de apertura del año judicial, que ha presidido el Rey en el Tribunal Supremo, ha supuesto un aldabonazo del presidente de esta institución y del CGPJ, Carlos Lesmes, para expresar el hartazgo de toda la carrera judicial mil días después de que ... el órgano de gobierno de los jueces siga sin ser renovado. Lesmes tiene toda la razón porque el bloqueo al que el PSOE y el PP están sometiendo a la institución supera con creces lo mínimamente admisible: casi tres años es demasiado tiempo para un incumplimiento flagrante de la Constitución. Lesmes ha acertado al poner el foco y repartir culpas en los dos únicos partidos que cuentan con la mayoría necesaria para renovar el Consejo. Y también ha acertado al apelar al «patriotismo constitucional» para acabar con este dañino enquistamiento. No son Lesmes y los demás vocales los que deben solucionar el grave problema institucional dimitiendo, creando un vacío de poder y forzando así a los partidos a renovar. Muy al contrario, deben ser los partidos quienes recompongan los puentes rotos, hagan un alarde de generosidad, y dejen atrás esta anormalidad política que amenaza con ser irreversible.

El mensaje de que la «lucha partidista» es la que destruyó una atmósfera constructiva es cierto. Sin embargo, conviene no ser ingenuos. El bloqueo PP-PSOE es mutuo, sí. Pero si todo está enrarecido desde 2018 es por culpa de Sánchez y de Podemos, que iniciaron una ofensiva para desprestigiar a los Tribunales, acosar sistemáticamente a los jueces que no dictaban resoluciones de su gusto, y modificar por la puerta de atrás el sistema de elección de los vocales para que fuesen nombrados solo con la mayoría absoluta de socialistas, podemitas e independentistas. Eso le valió a Sánchez una dura advertencia de la Unión Europea porque, en efecto, era un asalto a la separación de poderes, sentaba las bases para coaccionar a los tribunales e intervenía la independencia judicial desde la izquierda. Fracasado su plan, Sánchez no se resignó y puso en marcha una segunda reforma para impedir al CGPJ hacer nombramientos mientras permanezca en prórroga. Esto está provocando auténticas anomalías para cubrir vacantes y un sentimiento de provisionalidad que perjudica su funcionamiento. En este contexto, Lesmes sí ha lanzado reproches al Gobierno lamentando que Moncloa haya vaciado de competencias al CGPJ «por razones de oportunidad política», y censurando lo que ello conlleva de «pérdida de confianza» entre poderes. Más aún, Lesmes ha recordado a este Gobierno, en el que hay ministros que insultan a los jueces, que el Supremo no condenó a los líderes separatistas por revanchismo –palabra empleada por Sánchez en su día–, sino porque eran delincuentes.

Lo que ocurre es que el PSOE quiere evitar a toda costa que el CGPJ esté equilibrado ideológicamente, y pretende imponer una mayoría izquierdista a su medida pervirtiendo la naturaleza de una carrera principalmente conservadora. A su vez, el PP quiere que antes de renovar el Consejo se apruebe una reforma del sistema de elección, tal como sugiere Bruselas, de modo que doce de los veinte vocales sean designados directa y proporcionalmente por las asociaciones de jueces. El PP pudo haber puesto en marcha este sistema, mucho más lógico y justo que el vigente, en 2011, cuando lo incluyó en su programa y logró mayoría absoluta. Pero nunca lo hizo. Hoy, reformar el modelo es ya una imperiosa necesidad. La parálisis persiste, y a estas alturas ni el PP va a facilitar a Sánchez un CGPJ bajo su férreo control, ni el PSOE va a consentir que las asociaciones voten. Sin cesiones drásticas por ambas partes, no habrá pacto. Ojalá escuchen a Lesmes para poner fin al manoseo de la Justicia.