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Editorial

Los jueces se reivindican

Es imprescindible adoptar un nuevo sistema de elección de los vocales del poder judicial en España. La dinámica de bloques ha quedado obsoleta por los abusos y vetos de la partitocracia

Editorial ABC

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La reunión que mantuvieron ayer en Bruselas las cuatro asociaciones de jueces con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, demuestra el punto de enquistamiento de las relaciones entre el PSOE y el PP, y la imposibilidad de renovar en breve el Consejo General del Poder Judicial. Las asociaciones, que representan a más de 3.000 de los 5.500 jueces, acudieron a Bruselas buscando la complicidad de la UE para defender la autonomía de la carrera judicial y que pueda elegir a sus propios representantes, pero también para intentar que la UE retrate la partitocracia que se ha instalado en nuestro país. Tres años con el poder judicial en prórroga, con una legislación impuesta por Pedro Sánchez que impide la designación de puestos claves, y con un bloqueo político por parte de los dos únicos partidos que reúnen las tres quintas partes del Congreso necesarias para acometer la renovación, demuestran que en España, sencillamente, se está incumpliendo un mandato constitucional. El PSOE y el PP tendrán sus razones para vetar públicamente sus respectivas propuestas, y probablemente hayan llegado a un extremo en el que ya no vayan a ceder. Sin embargo, la imagen que transmiten es desoladora e influye de manera muy negativa en la credibilidad de la propia justicia. De ahí, el desesperado llamamiento de las asociaciones, en un momento en el que la UE está mostrándose especialmente sensible con la independencia judicial después de los abusos detectados en Polonia y Hungría.

En España es imprescindible adoptar un nuevo sistema de elección del CGPJ. La dinámica de bloques políticos ha quedado caduca y nadie puede culpar de ello más que a los propios partidos. Hasta ahora, mal que bien, PSOE y PP siempre terminaron poniéndose de acuerdo desde 1985. Hoy, salvo vuelco inesperado o milagro político, será imposible. Por eso es esencial que los magistrados elijan por sí mismos a los doce vocales del Consejo que les corresponden, y que no sean los partidos quienes monopolicen el proceso para paralizarlo a capricho en función de su estricta conveniencia. Es la despolitización de la justicia lo que está en juego, por más que las asociaciones judiciales tampoco sean entes virginales, tengan sus propios intereses, utilicen a conveniencia su influencia, y manejen su propia agenda de poder y endogamia. Todos los sistemas de elección de consejeros del CGPJ tienen sus pros y sus contras. Sin embargo, si el vigente demuestra, como está demostrando, que una renovación se puede frustrar solo porque un Gobierno, o la oposición, pierden su cuota de control de la justicia, es evidente que ese sistema está viciado y obsoleto.

Por eso es incomprensible que el PSOE -en teoría el Gobierno no debería pintar nada en esto porque la Constitución no le atribuye función alguna en la renovación- no acepte la única resolución posible y digna de este jeroglífico: una reforma inminente de la ley orgánica del poder judicial pactada con el PP para que los jueces elijan a sus vocales. Pasados ya tres años de bloqueo, que transcurran ahora tres meses para una reforma exprés es irrelevante si esa fuese la solución. Sánchez es quien tiene que explicar por qué no quiere. Es un mandato de la UE y el PP está conforme. Lo único que se lo impide es que Sánchez se encuentra cómodo coaccionando a los jueces, deslegitimando sus resoluciones cuando son contrarias a sus intereses, y queriendo controlar el poder judicial a distancia. El mismo poder, por cierto, cuyo método de elección se comprometió a cambiar el PP cuando tuvo mayoría absoluta, y nunca lo hizo.

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