Europa se enmienda a sí misma

Italia es el tercer país que da largas a España en sus reclamaciones contra el político prófugo. Antes lo hicieron Bélgica y Alemania, que han permitido a Puigdemont crear una tela de araña jurídica deliberadamente confusa que amenaza con ser irresoluble. Y además, muy contradictoria frente al que se supone que es el objetivo real de la euroorden. Crear dudas en torno a una supuesta legitimidad de Puigdemont para dar un golpe de Estado es tanto como que la UE reniegue de la propia filosofía con la que nació. Si la UE consiente que no sea juzgado un delincuente que se da a la fuga con nocturnidad y alevosía para evitar responder ante su país, también consiente que no se le pueda inhabilitar. Y si no puede ser inhabilitado precisamente porque permanece huido -de ahí la perversión del proceso-, resulta inconcebible que se le permita ser elegido eurodiputado. Y si además, una vez electo y ya inmune, el Parlamento del que forma parte le retira su inmunidad por amplísima mayoría, y eso también se pone en cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE, entonces solo cabe concluir que nuestra unión jurídica tiene demasiadas grietas, que la euroorden es una chapuza llena de agujeros, y que delinquir sale gratis si consigues huir de tus delitos oculto en un maletero. Ese es el mensaje que está enviando la UE a sus ciudadanos frente a todo aventurero que fomente la secesión de una parte de un Estado miembro.

Puigdemont se está beneficiando de un círculo vicioso promovido por la justicia europea, que nos pretende hacer creer que lo que se dirime no es la entrega de un sedicioso que se vanagloria de serlo, sino si cada Estado tiene la suficiente potestad para juzgar a sus propios ciudadanos, lo cual es el colmo. Y mientras, se alimenta la sospecha de que nuestro Tribunal Supremo no es independiente ni imparcial, sino un órgano represivo y antidemocrático que se ha obsesionado en juzgar a Puigdemont sin derechos ni garantías. En realidad, todo forma parte de un proceso general de desquiciamiento con el que Europa se presenta una enmienda a la totalidad contra sí misma.

De momento, el proceso queda paralizado, que no archivado. Cerdeña quedará a la espera de dos decisiones de la justicia europea, una sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria retirada a Puigdemont, y otra sobre la cuestión prejudicial planteada por el Supremo español por los burdos manejos con los que Bélgica interpreta la euroorden. Y cuando ambas se resuelvan, la corte de Sassari decidirá. Mientras tanto, el expresidente de la Generalitat podrá vivir en Bruselas, lo que supone concederle un nuevo pasaporte de fuga. Al menos queda el consuelo de ver retratada a la Abogacía del Estado, convertida en la Abogacía del Gobierno: la euroorden sí estaba vigente y no dijo la verdad. Pero a Pedro Sánchez se le ven demasiado las ganas de que Puigdemont no le hunda la legislatura.