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Editorial

Educación ‘multinivel’

España es un país con un sistema educativo fragmentado, dominado por leyes socialistas cuya tendencia ha acompañado la política de pactos del PSOE con formaciones nacionalistas

Editorial ABC

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Debería ser, en principio, una decisión positiva que el Ministerio de Educación, según la información que hoy publica ABC, cuente con las comunidades autónomas para perfilar los diversos contenidos curriculares de la nueva reforma educativa. Cosa distinta es que las apariencias engañen y que esa colaboración entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los ejecutivos autonómicos se haya basado en un criterio de afinidad ideológica. La asignación de materias por parte del Ministerio de Educación apunta en este sentido, porque aquellos contenidos más propios de la ingeniería social de la izquierda han correspondido a gobiernos autonómicos claramente afines a los postulados del Gobierno en materia de ideología de género o política lingüística. Probablemente sea un ensayo de la ‘España multinivel’, ese hallazgo lingüístico con el que el PSOE quiere salir del atolladero en el que se mete con sus federalismos nunca concretados y sus pactos con el separatismo. Las matemáticas con perspectiva de género contarán con las aportaciones de los gobiernos de Cataluña y de Aragón, y la asignatura de Lengua, con las del gobierno de la Comunidad Valenciana. Sobran los comentarios. Otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular también participan en este plan de colaboración con el Ministerio de Educación, pero para materias no tan susceptibles de contribuir al éxito del plan sectario que obsesiona a la izquierda con el sistema educativo.

Para medir la cualificación de un país, en términos democráticos y europeos, se pueden atender muchos factores, pero cuando se llega a un nivel de desarrollo económico alto y estable, esos factores se reducen a unas exigencias muy concretas tales como la independencia judicial, el funcionamiento de la sanidad pública y la calidad del sistema educativo. España es un país con un sistema educativo muy inestable y fragmentado, dominado por leyes socialistas cuya tendencia ha acompañado, por un lado, la política de pactos del PSOE con formaciones nacionalistas y, por otro, la inmersión de algunos socialismos periféricos en las peores pulsiones del nacionalismo, como sucede con el gobierno balear en materia lingüística.

Mientras la izquierda no asuma que la educación de los niños y los jóvenes no es un instrumento de adhesión a postulados ideológicos, sino una responsabilidad con su futuro y con el futuro del país, la situación no mejorará. Las reformas socialistas quieren asegurarse un sesgo de jóvenes dúctiles a los mensajes relativistas, facilones y sin ambición que propone hoy en día la izquierda: pasar de curso con todo aprobado es de derechas, afianzar la autoridad del profesor es de derechas, no avergonzarse de España y del castellano es de derechas y, en general, pedir excelencia académica y superación personal es también de derechas. Moldeados con estos criterios, los que hoy son niños podrán adherirse con mayor facilidad al país de ‘todo a un euro (subvencionado)’ que proponen la izquierda y sus socios.

Los plazos de implantación de la ‘ley Celaá’, el compromiso del PP de revocarla en cuanto tenga mayoría para hacerlo y la voluntad de los ejecutivos autonómicos de la derecha de compensar la reforma con sus competencias, vaticinan una nueva etapa de discordia sobre la educación. Es necesario que el PSOE ponga fin a su idea, tan marxista, de que la educación de los niños y los jóvenes pertenece a la izquierda por mandato natural. Solo a partir de esta renuncia será posible un consenso con el PP para crear el sistema educativo que necesita España, no cada comunidad autónoma, ni cada partido nacionalista, sino España, a secas. No debería de ser tan difícil de entender.

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