Avales de dudosa legalidad

En definitiva, el Tribunal de Cuentas insinúa que resulta más que discutible la trampa que pretende cometer la Generalitat al sufragar con fondos públicos los efectos de una malversación de dinero también público. Por eso, y a petición expresa de la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, el máximo órgano fiscalizador acordó ayer solicitar un informe a la Abogacía del Estado. Jurídicamente, la decisión es relevante por cuanto el Tribunal no asume de primeras una decisión de la Generalitat que fue cuestionada por el propio consejero de Economía catalán, Jaume Giró, en la conciencia de que podía comprometer, incluso penalmente, a los funcionarios que participasen de una operación tan oscura. Pero políticamente también es relevante, en la medida en que la Abogacía del Estado no deja de ser un órgano al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez, y el dictamen que pueda emitir en los próximos días solo podrá ser interpretado como un espaldarazo a la Generalitat o como un rechazo a sus tesis, lo que desde luego condicionaría el estado de relaciones que mantiene La Moncloa con ERC. Más aún, cuando Esquerra acaba de salvar a Sánchez en el Congreso en una votación ‘in extremis’ para convalidar su decreto sobre los interinos de la Administración.

El caso es inédito porque nunca antes se había planteado una cuestión así al Tribunal de Cuentas. Por eso es lógico que trate de recabar todos los informes necesarios antes de tomar una decisión definitiva. Sin embargo, el Tribunal es claro en sus primeras apreciaciones y hace hincapié en que se trata de hechos graves. Desde que José Luis Ábalos dejó la cartera de Transportes, ningún ministro del Gobierno de Sánchez ha intentado torpedear al Tribunal. Al menos, públicamente. Fue él quien al conocer las iniciales reticencias del Tribunal de Cuentas lamentó que pusiese «piedras en el camino» de la negociación entre Sánchez y la Generalitat. Ábalos fue destituido -no por este último desprecio a la separación de poderes y al respeto institucional a los Tribunales-, pero adelantó sin tapujos el criterio del Gobierno: ninguna instancia judicial debe entorpecer las decisiones políticas de Sánchez, sean legales o no.

El mensaje es peligroso, y solo cabe esperar que ningún otro ministro o ninguna vicepresidenta -como otra destituida, Carmen Calvo- se dedique a hacer llamadas telefónicas para presionar a los consejeros de Cuentas y que se dobleguen a la estrategia del Gobierno. Ya lo hicieron con magistrados del Tribunal Constitucional para evitar la derrota de Sánchez por su abusivo estado de alarma, y el resultado ha sido demoledor para la credibilidad tanto de La Moncloa como del propio TC. Esta vez no debería ocurrir lo mismo, por mucho que a Sánchez le molesten las piedras que pone el Estado de derecho en su camino para defenderse de agresiones como las que ha normalizado el separatismo. La Abogacía del Estado tiene ahora otra ocasión más para recuperar algo del mucho prestigio perdido desde que Sánchez la controla tan férreamente.