El disputado voto asturiano

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El Tribunal Supremo tiene previsto decidir hoy si un escaño del Congreso que ha ocupado desde hace un año el PP debe pertenecer a los populares o, por el contrario, ir a parar al PSOE. Si el Tribunal da la razón a los socialistas, el PP perdería su quinto escaño por Asturias y se quedaría con un total de 182, mientras que el PSOE ganaría el cuarto por esta circunscripción y pasaría a tener 126. La cuestión es irrelevante desde el punto de vista de la aritmética electoral, pero tiene una enorme trascendencia política y jurídica.

Lo que está en discusión no es si hubo o no un error en el recuento, cuestión sobre la que los socialistas parecen tener razón, sino si cabe realmente, a estas alturas, la celebración de un nuevo escrutinio.

El informe elaborado por los catedráticos Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, por encargo del PP, no deja lugar a dudas sobre a quién asiste la razón jurídica. Ambos profesores subrayan que «si después de celebradas unas elecciones, cualquiera que sea el tiempo transcurrido, los partidos que presentaron candidaturas pudieran solicitar la rectificación de errores materiales y aritméticos invocando simplemente a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el Régimen Electoral General sería superfluo». O dicho de otra manera, no haría ninguna falta.

Tranquilamente, una vez celebradas las elecciones, los partidos políticos podrían examinar con todo detalle las actuaciones electorales, y pedir la rectificación de los eventuales errores cometidos aunque hubiera pasado un mes, varios meses, un año o más tiempo. Les bastaría, como el PSOE ha hecho en este caso, con pedir la rectificación en cualquier momento.

La composición de las Cámaras Legislativas, y hasta la de las mayorías políticas gobernantes, quedarían en una situación de inseguridad permanente. Tal resultado, políticamente absurdo e inadmisible, vulneraría frontalmente la seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3 de la Constitución, en algo tan delicado y fundamental como es el sistema institucional democrático. Existen, pues, razones obvias, de suma gravedad, para no entrar en la revisión del escrutinio de las elecciones asturianas.

Álvaro Cuesta, diputado socialista al que correspondería el escaño en litigio, y colaborador del secretario general José Luis Rodríguez Zapatero, haría bien en pedir cuentas a los responsables e interventores de su partido por no haber actuado correctamente en los límites que marca la Ley electoral. Ahora, en caso de que el Supremo no le dé la razón, tendrá que esperar a la carambola de la probable marcha del diputado y ex ministro Luis Martínez Noval al Tribunal de Cuentas para sentarse en los bancos de la Carrera de San Jerónimo.