DESIGUALDAD AUTONÓMICA

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LOS ciudadanos de Navarra, Madrid y País Vasco son los que mejor viven de toda España, según los datos contenidos en el «Anuario Social de España 2004», encargado por la Fundación la Caixa. Donde peor, o menos bien, se vive es en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Todo esto, desde un punto de vista objetivo y a partir del análisis de lo que es susceptible de medición, es decir, el nivel de renta, la vivienda, la salud, el empleo, la seguridad y los servicios sanitarios. Existen factores de imposible medición, como los sentimentales y subjetivos. De todos ellos, es el nivel de renta la variable que más influye en los aspectos decisivos para el bienestar. En este ámbito, las tres Comunidades citadas doblan la media de renta nacional, mientras que Extremadura y Andalucía ocupan los lugares más bajos.

La desigualdad entre las Comunidades Autónomas se va limando año a año, especialmente en lo que se refiere a los niveles de renta. Se mantiene la distancia en otros parámetros, como las infraestructuras viarias. Los logros obtenidos en la aplicación del principio de solidaridad interregional son visibles pero insuficientes. El principio de igualdad consagrado por la Constitución se encuentra insuficientemente satisfecho atendiendo al lugar de residencia de los ciudadanos.

Estos datos deben instar a los responsables políticos y a los poderes públicos a continuar progresando en el camino de la superación de los desequilibrios entre Comunidades Autónomas. En este sentido, la proliferación de exigencias competenciales y de demandas insolidarias debe ser frenada. Así lo exigen tanto las prescripciones de la Carta Magna como las exigencias de la justicia social. La configuración del Estado de las Autonomías está al servicio de una mayor eficacia y del debido respeto a las peculiaridades de las nacionalidades y regiones que conforman la realidad plural de la Nación española, pero no pueden erigirse en patentes para la proliferación de la desigualdad y la vulneración del principio de la solidaridad entre los pueblos y las regiones. El bien común está por encima del bienestar particular de cada una de las partes. En este sentido, corresponde a la izquierda demostrar que sus invocaciones a la igualdad rebasan el carácter de proclamaciones retóricas que se desvanecen ante los intereses partidistas o ante la necesidad de recabar apoyos para gobernar. Un paso atrás en la tendencia de reducción de las desigualdades sería tanto una violación de las exigencias de la justicia como un paso decisivo en el camino de la desvertebración nacional.