El desafío de la inmigración ilegal

En el caso de España no se trata de refugiados, a diferencia de lo que sucede en Italia o Grecia, sino que la inmensa mayoría son inmigrantes que huyen de África por razones económicas y, una vez en suelo español, algunos de ellos optan por seguir su marcha hasta Francia y los países centroeuropeos. El buen tiempo y la eclosión de organizaciones criminales dedicadas a esta lucrativa actividad se está concretando en una llegada masiva de pateras, más allá de los tradicionales intentos terrestres que se suceden en Ceuta y Melilla. Prueba de ello es que, hasta la fecha, unos 5.000 inmigrantes que viajaban han sido rescatados en las costas andaluzas, un 192 por ciento más que el pasado ejercicio. Tan solo en la jornada de ayer, los servicios de Salvamento Marítimo auxiliaron a más de doscientas personas en las aguas del Mediterráneo.

Este fuerte repunte vuelve a poner de manifiesto el grave problema de la inmigración irregular y, por tanto, la necesidad urgente de contar con una auténtica política común en esta materia, tanto para resolver a medio y largo plazo las complejas causas que explican este fenómeno como para afrontar el impacto inmediato que representa para los países que, por su particular situación geográfica, tienen la responsabilidad de combatirlo. La costa española no solo es una frontera nacional, sino comunitaria. Las autoridades europeas deben encarar la inmigración ilegal y las políticas de asilo de forma coordinada e integral, reforzando los mecanismos de ayuda y cooperación con los países de origen, pero también colaborando de forma estrecha con los países de destino para garantizar la integración social de los inmigrantes y los estándares de seguridad. La UE tiene que apostar por una inmigración legal y ordenada.