Perú y la vía del fraude

La diferencia de poco más de 44.000 votos, ahora oficialmente en favor de Castillo, no refleja el voto popular. Si se analizan tan solo cuatrocientas de las cerca de mil actas en las que hemos detectado un voto en segunda vuelta estadísticamente imposible, y se anulan, como probablemente debería suceder una vez comprobado el fraude, Keiko Fujimori debería ser proclamada presidenta del Perú. El problema es que ni las autoridades electorales, ni el Gobierno peruano, ni la Misión Observadora de la Organización de Estados Americanos (OEA) parecen dispuestos a realizar una auditoría de dichas actas, a todas luces fraudulentas. Y al no hacerlo están siendo cómplices del fraude.

Cuando el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue detenido en 1992, miró al general Ketin Vidal y le dijo: «Me detendrá a mí, pero no a mis ideas», tocándose con el dedo índice derecho la sien. Ocho años después, habiendo derrotado al terrorismo y encaminado la economía peruana, Fujimori cayó en la tentación de la corrupción y el autoritarismo en complicidad con su siniestro asesor, Vladimiro Montesinos. En el año 2000 se postuló fraudulentamente a unas elecciones que ganó limpiamente en las urnas -el pueblo seguía agradecido con él-, según declaraciones de la época del analista antifujimorista Fernando Tuesta, aunque como señaló Alfredo Torres, director de Ipsos (en esa época Ipsos-Apoyo), había habido un «fraude mediático», debido a la captura de la prensa por parte de Fujimori. Por su parte, la asociación civil Transparencia -que hasta hace poco era presidida por el actual canciller Allan Wagner- se refería a un «fraude estructural» porque las elecciones se llevaron a cabo «… sin respeto a las instituciones, y con vulneraciones a los derechos políticos». La OEA llegaba a conclusiones igual de abstractas.

En el año 2000 salieron a la luz vídeos en los que se evidenciaba cómo Vladimiro Montesinos compraba congresistas, jueces, medios de comunicación y otros personajes. Eso hizo renunciar a Fujimori y fugarse del país. Años después, creyendo que como no había pruebas contra él podía regresar impunemente, fue extraditado y sentenciado. El anti-fujimorismo se había convertido ya en un credo.

A partir del gobierno de transición de Valentín Paniagua, Perú inició una lenta pero firme transición hacia el olvido de las masacres terroristas en el imaginario popular y la instauración de una verdad ‘políticamente correcta’ que hizo del fujimorismo -esta vez encabezado por la hija de Alberto, Keiko- el origen de todos los males. A pesar de ello, en 2016, la candidata Keiko Fujimori estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales frente a Pedro Pablo Kuczynski. Dicha mayoría le permitió al vicepresidente Vizcarra acceder a la presidencia, porque Kuczynski tuvo que renunciar tras descubrirse sus negocios con la constructora Odebrecht, cuando era ministro de Economía del prófugo expresidente Alejandro Toledo. Pero el antifujimorismo rampante seguía ahí vigente, con la ‘intelligentia’ de la izquierda caviar, que aún gobierna, manipulando a los medios de comunicación. Y Vizcarra y su asesor peronista Maximiliano Aguiar lo sabían. Por ello traicionó sin titubear al fujimorismo, como había traicionado a Kuczynski y el 30 de septiembre de 2019 dio un golpe de Estado civil al cerrar el Congreso de mayoría fujimorista de manera ilegítima.

Vizcarra no solo cerró el Congreso, sino que empezó a copar todas las instituciones del Poder Judicial y del sistema electoral. Creó una Junta Nacional de Justicia que eligió al actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a todas luces cómplice de un fraude. Contó con la complicidad de un fiscal que ha logrado poner en la cárcel a Keiko Fujimori ‘preventivamente’ en tres oportunidades y que sigue en ese empeño haciéndola hoy definitivamente víctima de una persecución política.

No obstante, la prensa y un grupo de fiscales valientes descubrieron a finales de 2020 que Vizcarra había incurrido en actos de corrupción desde sus inicios en la función pública. Las pruebas eran tan fuertes que el nuevo Congreso, que había sido elegido por voto popular en enero de 2020, decidió destituirlo por absoluta mayoría. En ese contexto, el manejo de los medios de comunicación, por parte del Gobierno y de sus aliados del Partido Morado, fue tan fuerte que el presidente del Congreso que había asumido constitucionalmente el cargo de presidente de la República, Manuel Merino de Lama, fue obligado a renunciar después de unas manifestaciones violentas en las que se envió a la muerte a dos jóvenes que participaron de enfrentamientos con la Policía. De esta manera, a pesar de ser minoritaria, la izquierda aliada de Vizcarra se hizo del poder: la presidencia de la república recayó en Francisco Sagasti, del Partido Morado, y la presidencia del Congreso, en Mirtha Vásquez, del marxista Frente Amplio. No habían ganado en las urnas, pero conservaron el poder.

Entre un sinnúmero de irregularidades, la Junta permitió la candidatura de Vizcarra a pesar de que ocultó información patrimonial. Salió elegido congresista (algo inusual en Perú para un expresidente), pero fue inhabilitado por el Congreso por un escándalo de corrupción relacionado con vacunas compradas a China. Todo parecía encaminado para que la era de los gobiernos de izquierda caviar terminara. Hasta que pasaron a segunda vuelta el candidato afín a Sendero Luminoso, Pedro Castillo, y la candidata Keiko Fujimori (ella por tercera vez consecutiva). Hay demasiados indicios de la trampa bolivariana. En particular, las mesas en las que en segunda vuelta se dio un voto imposible: Keiko Fujimori en primera vuelta obtiene, contra 17 candidatos, menos votos que en segunda vuelta con un solo contrincante, ‘desapareciendo’ el 97% de los votos en blanco. Esas actas han sido rellenadas para favorecer a Castillo. Si se anulan como corresponde, la elegida sería Keiko Fujimori. Pero el JNE, que sufrió de la renuncia de uno de sus miembros denunciando fraude, se niega a estudiar esos casos, aduciendo formalismos típicos de las ‘leguleyadas’ del socialismo del siglo XXI. El Gobierno, por su parte, funge de cómplice y todo indica que gestiona pronunciamientos internacionales para validar el fraude. En Bolivia se detectó fraude y Evo Morales tuvo que huir del país. En Perú, según los amigos exiliados bolivianos, el fraude ha sido exacto. De validarse la elección con dichas actas podemos afirmar que Perú ha sido tomado por el socialismo del siglo XXI mediante un fraude electoral, y mediante el mismo método de guerra de guerrillas bajo el cual Sendero Luminoso estuvo a punto de tomar el poder por las armas hace treinta años.

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Daniel Córdova fue ministro de Producción de Perú y expresidente de Invertir Libertad