La cuestión religiosa en la II República

EN estas fechas, hace 75 años, el 9 de diciembre, fue aprobaba la Constitución

POR CARLOS GARCÍA DE ANDOIN
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EN estas fechas, hace 75 años, el 9 de diciembre, fue aprobaba la Constitución de la II República. La mayoría gobernante poco imaginaba que aquél texto, lejos de cerrar la cuestión religiosa arrastrada en España desde el XIX, se convertiriía en el más poderoso factor en su contra. Es bueno hacer memoria de los múltiples avances que supuso la II República -democracia constitucional, sufragio femenino, establecimiento de los pilares de un Estado descentralizado-, pero también de los fracasos, entre ellos el de la política religiosa.

El ministro de Justicia, el socialista Fernando de los Ríos, abrió el debate parlamentario sobre el artículo 26 del proyecto constitucional el 8 de octubre de 1931. Su vibrante oratoria arrancó una gran ovación cuando, dirigiéndose a la minoría católica, denunció la intransigencia del catolicismo español y el dolor causado por una Iglesia que había vivido por siglos confundida con la Monarquía, «haciéndonos constantemente objeto de las más hondas vejaciones». Azaña lo cerraría el 13 de octubre, con el célebre discurso «España ha dejado de ser católica». En los días siguientes vendría la dimisión de la parte católica del Gobierno republicano, el presidente Alcalá Zamora y el ministro de Gobernación Maura. También aquella noche en la que Azaña se acostó ministro y se despertó presidente. Es verdad que el líder de Izquierda Republicana había conseguido moderar la posición inicial de los socialistas en favor de la expulsión constitucional de todas las congregaciones. Pero aún así, la expulsión de la Compañía de Jesús, la prohibición de enseñar a las órdenes religiosas y la supresión del presupuesto eclesiástico en dos años, en lugar de resultar «verdadera defensa de la República», se convirtió en el principio del fin del nuevo régimen. En un país como España, la hegemonía republicana sólo podía construirse con éxito sobre la inclusión progresiva del catolicismo en el sistema republicano. La solución adoptada por la intransigencia de la minoría socialista a propuesta de Azaña, basada en la exclusión del catolicismo, «resolvió una crisis de gobierno, pero creó una crisis de sistema», como dice el biógrafo de De los Ríos y rector de la Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero.

La aprobación del que finalmente sería el artículo 24 marcó un antes y un después en el devenir de la República, como señalaron después diferentes protagonistas de la época como Largo Caballero, Marcelino Domingo, Alcalá Zamora o el propio Azaña. Hasta aquel artículo, los hombres que trajeron la República marchaban unidos. Pero, como dijo Domingo, ese día «marcó una división y trazó caminos que convergían y divergían». La cuestión religiosa había conseguido «unir a los antirrepublicanos y separar a los republicanos». No era la primera vez en la historia de España.

La modernización del Estado español exigía, sin duda, un proceso de laicización y de separación entre el Estado y la Iglesia. La formación del Estado había quedado sellada desde el siglo XVI por la confesionalidad católica. El nuevo régimen democrático debía constituirse sobre el principio de la libertad de conciencia y religiosa. Consiguientemente, debía afirmar la separación entre el Estado y la Iglesia y reconocer la libertad de cultos. En consecuencia, con ello había de impulsar diferentes medidas que toparon con las resistencias de la jerarquía católica de la época, como la escuela laica con religión optativa, la secularización de los cementerios, el divorcio civil o el reconocimiento de las confesiones minoritarias, principalmente judíos y protestantes. Sin embargo, el proyecto de laicización tomó un sesgo anticlerical excluyente, y ello hizo fracasar el intento de una solución de conciliación.

Hubo una oportunidad, y de ella es bueno hacer memoria. La protagonizaron De los Ríos y Alcalá Zamora, por parte del Gobierno, y Vidal i Barraquer y el nuncio Tedeschini, con el apoyo de Pacelli, por la de la Iglesia católica, en lo que se conoce como «Acuerdo reservado». Los puntos de conciliación que habían alcanzado se sustanciaron así: 1º) Reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, de su estructura jerárquica, del libre ejercicio de culto y de la propiedad de sus bienes. 2º) Un convenio entre la República y la Santa Sede para el reconocimiento antedicho. Aunque Alcalá-Zamora y Lerroux eran partidarios de un concordato, el ministro de Justicia era partidario de un modus vivendi que más tarde pudiera conducir al concordato en circunstancias más propicias, «pero -escribe en sus notas Vidal y Barraquer- no defenderá la forma de concordato» y tampoco «acepta la declaración de Corporación de Derecho Público para la Iglesia», lo que en ningún caso significa «aminoración en el reconocimiento» de su personalidad jurídica. 3º) Respeto «en su constitución y régimen propios y en sus bienes, al menos los actualmente poseídos» a las congregaciones religiosas. Éstas quedarían sujetas a las leyes generales del país. El Gobierno defendería en bloque a todas las congregaciones. 4º) Reconocimiento de la plena libertad de enseñanza de todo español y por ello también de la Iglesia a «crear, sostener y regir establecimientos docentes, sometidos a la inspección del Estado en cuanto a la fijación de un plan mínimo de enseñanza y salvaguardia de la moral, higiene y seguridad del Estado». 5) En presupuesto de culto y clero acordaron la conservación de los derechos adquiridos y la amortización a medida que se fueran produciendo vacantes. Se contemplaba la sustitución progresiva de la partida de culto por una subvención global dedicada a la conservación del patrimonio histórico-artístico. Este acuerdo implicaba por parte de la Iglesia el reconocimiento de la República, y para facilitar las cosas la Iglesia se comprometía a forzar la dimisión del perturbador primado de Toledo, Pedro Segura, lo que Roma así cumplió.

De los Ríos se empeñó hasta el extremo por lograr una solución dialogada, defendió un modus vivendi entre la República y la Iglesia. Su discurso parlamentario, un 8 de octubre de 1931, hecho a título personal y por motivos de conciencia, quiso convencer a la mayoría republicana de la Cámara y particularmente al grupo parlamentario socialista de su opción, la que habían tejido con hilvanes en los diálogos con la Iglesia. Sin embargo, su apuesta fracasó.

Nadie podía dudar de la voluntad laicizadora de Fernando de los Ríos. Tenía razones jurídicas, sociológicas y biográficas para ello. Se había forjado en la Institución Libre de Enseñanza como discípulo y pariente de Giner de los Ríos. Republicanos y socialistas le confiaron primero el Ministerio de Gracia y Justicia, y después, una vez aprobada la Constitución, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En ambos iban a dirimirse los contenciosos que la República podía y habría de tener con la Iglesia. Sin embargo él defendió una posición moderada, proclive al acuerdo. Pero perdió contra su partido y contra la Cámara. Así le escribía a Manuel de Falla el 19 de abril de 1933: «frente a mi partido y contra la mayoría, al discutirse la cuestión religiosa en el Parlamento, sostuve la actitud más moderada y respetuosa que hubo de ser defendida, la que ahora lamentan las derechas que no se adoptara, esas derechas que en sus periódicos me presentan como símbolo de antirreligiosidad y en privado me piden amparo de continuo, desde el canónigo Molina hasta el propio Gil Robles. ¡Si viese cuánta amargura causa todo esto!».

Es bueno hacer memoria de lo que pudo ser y no fue. Hay líderes del PSOE que tienen bien presente esta historia, es el caso de la vicepresidenta de Gobierno Teresa Fernández de la Vega. También los hay en la Iglesia, el presidente de la Conferencia episcopal, Ricardo Blázquez. Debe llegar ya un arreglo en materia educativa. Es necesario acabar por normalizar la relación mutua. La última instrucción de los obispos tiene razón en reivindicar un reconocimiento del papel que la Iglesia española ha tenido en la construcción de la democracia. Sin embargo, no hubiera estado de más un gesto de reconocimiento a un Gobierno que ha cambiado notablemente y a mejor su confuso inicio respecto a la cuestión religiosa.

Coordinador federal

de Cristianos

Socialistas

del PSOE