El coste de la improvisación energética

España no está preparada para un plan de cero emisiones como el planteado por Sánchez, que ha empezado la casa por el tejado: marca un objetivo sin saber cómo llegar a él

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Sánchez está decidido a repetir e incluso a agrandar los errores que cometió en su día Rodríguez Zapatero en materia energética. Si el anterior presidente socialista se empeñó en convertir a España en el mayor productor de renovables del mundo, provocando una burbuja cuyos efectos se traducen hoy en una de las facturas eléctricas más caras de Europa, el actual mandatario se ha marcado como meta superar los objetivos de descarbonización que pretende alcanzar la UE a medio y largo plazo, sin reparar en las consecuencias del plan. Prueba de ello es el anuncio de prohibir la matriculación de cualquier turismo o furgoneta que emplee gasolina o diésel a partir de 2040, incluyendo híbridos y coches de gas natural. Según el borrador de la Ley de Cambio Climático que quiere aprobar el Gobierno en 2019, el objetivo es que en 2050 no circule por España ningún vehículo que emita CO2, razón por la cual el país deberá contar con una elevada cuota de coches eléctricos a partir de 2030, aunque su cuantía todavía está por determinar.

Partiendo de que la tendencia a reducir al mínimo las emisiones nocivas para la salud del planeta es imparable y que otros países han puesto en marcha programas ambiciosos, el caso español parte de una posición mucho más atrasada si se compara con el Reino Unido y Francia, que prohíben la venta en fechas similares. Pero Sánchez no tiene en cuenta que Londres ha aprobado un plan estructural de apoyo a la compra de vehículos alternativos y de gestión de infraestructuras de recarga de 1.500 millones de libras. Y que Alemania aprobó en 2017 un plan dotado con mil millones de euros. España sólo ha dedicado 74,5 millones a estos planes ¡en cinco años! y en el último año no ha aprobado ni un euro.

La industria ya criticó la cruzada contra el diésel emprendida en verano por la ministra de Transición Ecológica, lo que desconcertó a los consumidores y trastocó el mercado y los programas de fabricación. El anuncio del impuestazo al diésel empeoró el panorama. Ahora, los fabricantes alertan sobre las implicaciones económicas, laborales, sociales y de políticas de movilidad de este proyecto de Ley, que traerá «severos impactos» en el tejido industrial de la automoción, que representa el 10% del PIB y el 9% de la población activa. Hablamos de más de 100.000 personas trabajando en las fábricas y otras 200.000 vinculadas. Este proyecto no solo supera ampliamente la reducción de emisiones de CO2 que exigen los tratados internacionales, sino que se ha elaborado de forma unilateral, ignorando la opinión de los fabricantes y sin reparar en el altísimo coste que supondrá dicha transición. La improvisación en la energía, de cuya eficiencia depende la competitividad del país y una parte sustancial del gasto familiar, siempre se cobra una elevada factura.