Costaleros

IGNACIO CAMACHO
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LOS pactos de la Moncloa no se firmaron porque peligrase la economía: lo que estaba en peligro era la democracia. El padre de todos los pactos, el origen del consenso que luego se prolongó en la Constitución y acabó germinando como un bucle melancólico en el imaginario político español, fructificó porque una galopante inflación amenazaba la eficacia de la libertad recién estrenada; se trataba de un riesgo primordial, sistémico, mucho más inquietante que la crisis económica en sí misma. Algo parecido ha hecho germinar el reciente acuerdo en el País Vasco, donde socialistas y populares han suscrito, para acabar con una larga excepcionalidad, un acuerdo que de hecho es casi una coalición de víctimas. Pero en circunstancias de normal estabilidad democrática, los pactos de Estado han de limitarse a aspectos esenciales de la gobernanza que necesitan una cierta continuidad de desarrollo: política exterior, lucha antiterrorista, modelo territorial. Y en ninguno de ellos el actual Gobierno ha permitido ni deseado ni favorecido un acercamiento a la oposición; más bien al contrario, ha procurado aislarla en beneficio de alianzas con fuerzas minoritarias, cuando no radicales.

Una recesión que provoca cuatro millones de parados podría sin duda encajar en un supuesto de emergencia, pero el discurso zapaterista minimiza con insistencia su gravedad y promete una pronta recuperación que, de creer al presidente, ya habría comenzado. ¿Qué sentido tiene, pues, reclamar un acuerdo sobre un problema que el Gobierno dice estar a punto de resolver? La contradicción es manifiesta: si el poder no admite la quiebra social ni la bancarrota financiera carece de coherencia que pida ayuda para afrontarlas. Zapatero no ha ofrecido consenso sobre el Estatuto de Cataluña -modelo de Estado-, ni sobre la política energética -modelo estratégico-, ni sobre la subida de impuestos -modelo fiscal-, ni sobre la ampliación del aborto -derechos fundamentales-; y ha roto con la Ley de Memoria Histórica el propio consenso básico de la Transición, que era el de la reconciliación nacional. Incluso sobre la propia recesión dejó pasar unos meses cruciales negándose al elemental consenso de reconocerla, y luego estableció contundentes barreras ideológicas sobre el modo de combatirla. ¿Ahora necesita unidad? ¿Ahora pide cirineos o costaleros sin fe que «arrimen el hombro» en la Cuaresma de su mandato? ¿Por qué y para qué? ¿No se bastaba solo para cargar esa cruz con su modelo socialdemócrata?

El consenso tiene buena prensa, sobre todo cuando está tan roto como en esta España de bronca y garrote. Pero si no ha ocurrido nada que no sepamos -pongamos que una alarma descomunal que el Gobierno oculte-, esta insistente llamada al acuerdo es un doble juego ventajista. O falta transparencia o falta sinceridad. O sobra mala fe para manipular la legítima aspiración ciudadana a un esfuerzo compartido.