La Corona permanece

Es muy dudoso que con esta decisión de Don Juan Carlos de abandonar el país se ponga fin a las persistentes campañas contra la Corona . Sería propio de una ingenuidad imperdonable creer que, desde ayer, han quedado desactivadas las estrategias desplegadas por los sectores políticos y sociales que habían marcado a Juan Carlos I no como el objetivo final, sino como una etapa intermedia antes de llegar a su hijo, el Rey Felipe VI. Es probable, por el contrario, que estos grupos se sientan reafirmados en su estrategia de acoso al régimen constitucional de 1978, cuya institución básica es, sin duda, la Corona. Frente a estos especialistas en la destrucción de la convivencia, históricamente acreditada, se está respondiendo con ingenuidad.

Es cierto que el Rey emérito ha incurrido en actos privados nada ejemplares en quien ostentaba la máxima magistratura del Estado. Actos de los que es posible que se deriven responsabilidades administrativas, en el ámbito tributario; incluso de otra naturaleza legal.

En un comunicado de su abogado en España, el Rey emérito reitera su puesta a disposición de la Justicia, como no podía ser de otra manera y, por eso, habría bastado con abandonar La Zarzuela, y las referencias protocolarias que aún conservara, y seguir residiendo en España. Es necesario enmarcar la decisión de Juan Carlos I en un contexto en el que no hay contra él una sola diligencia judicial abierta en España. Debe quedar claro que ningún juez está investigando al Rey emérito. El encargo hecho por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, a la Fiscalía del Supremo no suponía modificación alguna en la situación legal de Don Juan Carlos, quien solo puede ser investigado, a efectos penales, por los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Don Juan Carlos abandona España porque lo considera un servicio a la Corona y a su país . Realmente, su salida responde a un diagnóstico político que le ha venido impuesto y cuyo acierto se verá a corto plazo, en la medida en que amainen o arrecien los ataques contra la Monarquía parlamentaria. Ataques sobre los que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene bastante que decir, porque proceden muchos de ellos de su socio de gobierno, Unidas Podemos, y de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. El propio Gobierno mandó mensajes públicos a la Casa del Rey, en las últimas semanas, sobre la conveniencia de que hubiera decisiones respecto de Don Juan Carlos. Ahora que la decisión está tomada –la más drástica, pues es de hecho un exilio–, habrá que esperar una leal reciprocidad por parte de Pedro Sánchez, que debe consistir en la defensa activa de la Corona, del Rey Felipe VI y de la Monarquía parlamentaria. Los indudables errores de Don Juan Carlos en determinados aspectos de su vida privada han marcado el final de un mandato regio gracias al cual España es una democracia parlamentaria. El análisis que merece la marcha del Rey emérito trasciende su persona y obliga a preguntarse por la estrategia en marcha contra la arquitectura constitucional de 1978.

Solo la Corona encarnada por el Rey Felipe VI representa en la actualidad la vigencia de los más esenciales valores de la Constitución de 1978 . Las políticas centrífugas de los separatistas, el pacto del PSOE con la extrema izquierda y el debilitamiento del Estado de Derecho, en un momento histórico de cuestionamiento de las instituciones democráticas, acompañan la salida del Rey Juan Carlos, y descargan aún más en su hijo, el Rey Felipe VI, Monarca ejemplar, la responsabilidad de ser, más que nunca, símbolo de la unidad y permanencia del Estado constitucional. Como lo fue su padre.