«Cordón sanitario» contra el TC

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LA campaña contra el Tribunal Constitucional no es un espejismo alentado por el Partido Popular, sino una decisión política de la izquierda y del nacionalismo. La prueba de esta estrategia de deslegitimación del TC es que se ha convertido en el último reclamo movilizador del nacionalismo catalán, alentado por la pasiva complacencia del Gobierno socialista ante el ataque a una institución que puede hacer fracasar su peligrosa aventura con el Estatuto de Cataluña. Los partidos nacionalistas y los socialistas catalanes están de acuerdo en cargar contra el TC porque temen, con razón, que su futura sentencia sobre el Estatuto declare inconstitucionales aspectos básicos del mismo. Si el desenlace en la última votación del TC hubiera sido otro, a Montilla y sus socios no les preocuparía tanto la prórroga de los magistrados de este tribunal. Este oportunismo es el vicio de origen de esta iniciativa del frente nacionalista -otra prueba del frentismo de la izquierda y de los nacionalismos-, que persigue realmente impugnar el orden constitucional en su base, que es la preeminencia de la Constitución sobre cualquier ley, orgánica u ordinaria, estatutaria o no, aprobada por parlamentos o referendos. La idea de pedirle al TC que se declare incompetente para resolver los recursos contra el Estatuto de Cataluña es absurda y responde más a una reacción puramente táctica de sus promotores para prevenirse del fiasco que ha sido el cambio estatutario. Fiasco en doble sentido, como engaño político de Rodríguez Zapatero a los partidos catalanes, y como engaño de la clase política catalana a los ciudadanos de Cataluña. Zapatero prometió lo que no estaba en su mano garantizar -un Estatuto intacto tal y como saliera del Parlamento catalán- y los partidos catalanes vendieron la idea de que podían cambiar las reglas constitucionales dejando a un lado la Constitución.

Ahora, el tripartito y Convergencia i Unió revelan que su acuerdo en el objetivo no lo es tanto en los métodos, porque cada cual interpreta esta polémica con sus intereses electorales y políticos propios. CiU quiere que las propuestas del frente social-nacionalista catalán para segar la competencia del TC se lleven al Congreso, y el tripartito prefiere el Senado. Para el Gobierno de Rodríguez Zapatero esta polémica es un trampa peligrosa, porque se está volviendo contra él más que contra el Tribunal Constitucional, al poner de manifiesto todas las inconsistencias y contradicciones de su pacto de salón para sacar adelante un Estatuto contrario a la Carta Magna y que sólo fue reclamado por la clase política dominante en Cataluña.