Córdoba, Al-Andalus y el islam
NINGÚN musulmán, sea moderado o radical, reniega del significado histórico que tiene Al-Andalus para la historia de su comunidad religiosa, ni olvida el pasado califal de Córdoba como la que llegó a
NINGÚN musulmán, sea moderado o radical, reniega del significado histórico que tiene Al-Andalus para la historia de su comunidad religiosa, ni olvida el pasado califal de Córdoba como la que llegó a ser la ciudad más importante del mundo. Es más, una y otra ... se han convertido en conceptos mitificados que alientan un claro irrendentismo entre los islamistas más radicales, como se refleja en las frecuentes apelaciones a Al-Andalus contenidas en los mensajes de Al-Qaida. Pero incluso en los sectores moderados del islam, cualquier iniciativa que consista en ampliar la presencia de la comunidad musulmana en España se ve impulsada por la idea del «retorno» a un tierra sobre la que, por haber estado bajo dominio musulmán hasta hace más de quinientos años, aún reclaman un derecho histórico propio. Si no se tienen presentes estos antecedentes, que están en la base del discurso islamista sobre la presencia del mundo musulmán en las sociedades europeas y, especialmente, la española, puede no entenderse en su integridad el proyecto que un grupo islámico, integrado principalmente por españoles, ha diseñado para construir en Córdoba la segunda mezquita más grande del mundo. La idea es similar a la de quienes están intentando desde hace años levantar otra gran mezquita en la zona de Los Bermejales, en Sevilla, cuya construcción fue autorizada por el Ayuntamiento, con mayoría socialista, y que actualmente se encuentra impugnada judicialmente por los vecinos. A las protestas legales se unieron también críticas de otro orden, porque la construcción del edificio iba a contar con financiación de los Emiratos Arabes Unidos, país que tiene vigente la ley islámica, y que, al igual que hace Arabia Saudí con las redes religioso-culturales que financia, se dedica a promover la doctrina salafista wahabista, que propugna una aplicación literal y ultraortodoxa de las normas coránicas. Por su parte, el propósito de levantar la mezquita en Córdoba no es nuevo, porque entre 1999-2000 el ayuntamiento rechazó otro similar con el que los mismos promotores pretendían construir una mezquita en terrenos situados en Medina Azahara, iniciativa que denominaron «Al Mansur».
Ignorar el contexto nacional y europeo en el que se plantea este proyecto sería un error. Las monarquías arábigas promueven la creación de mezquitas en Europa -negando por completo el derecho recíproco a las demás religiones- y financian generosamente circuitos de actividades culturales, académicas y sociales para favorecer, entre otros objetivos, la captación de las poblaciones musulmanas emigradas para doctrinas estrictas o integristas del islam -hallando especial facilidad en las segundas y sucesivas generaciones de musulmanes- y la creación de un estado de opinión pública predispuesto a comprender, como mínimo, la posición del mundo islámico en sus demandas frente a Occidente y condicionar las decisiones de sus Gobiernos en política exterior y en sus alianzas con Estados Unidos. No se puede decir que estén fracasando en el empeño, lo que debe obligar a los poderes públicos a tener una actitud muy clara e inequívoca sobre estos proyectos para Sevilla y Córdoba. Las mezquitas, aunque sean algo más que templos de oración , no pueden ser los escenarios para propalar doctrinas extremistas, que defiendan o disculpen el terrorismo y que impidan la integración social de los musulmanes en las sociedades de acogida. Los clérigos responsables de las mezquitas deben estar identificados y bajo responsabilidad de una entidad religiosa musulmana que responda de su formación y de su predicación. La financiación de estos proyectos también debe estar fiscalizada por la Administración, para saber cuál es su origen y así poder evaluar los riesgos de que acaben sufragando actividades de proselitismo radical o directamente terroristas. O se aprenden las lecciones del 11-M en Madrid y del 7-J en Londres o será difícil adoptar un sistema eficaz de protección frente al terrorismo islamista. No se trata, porque sería inconstitucional, de negar a los musulmanes el derecho a construir mezquitas, sino de establecer un equilibrio entre ese derecho y el deber del Estado de ser coherente con el tipo de amenaza terrorista que pesa sobre Europa, en general, y España, en particular.
El desarrollo de las mezquitas es legítimo, sin objeción alguna, salvo que encierre segundas intenciones con las que se pretenda dar cobertura a otras iniciativas no tan legítimas y nada relacionadas con la libertad religiosa. Si la nueva mezquita se plantea como «una vuelta a Al-Andalus», como plataforma de «yihad» o con un sentido de recuperación histórica del territorio perdido (por esto mismo es el empeño de elegir Córdoba), acabará siendo un motivo de conflicto entre religiones y de discordia política. Y podría ser una coartada para terroristas.
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