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Comisión de la Verdad y tonto útil

No busca ni ser veraz. Sólo pretende servir para cambiar la realidad que todos conocen y crear una nueva por decreto

Dolores Delgado, ministra de Justicia ABC
Ramón Pérez-Maura

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Hay denominaciones que son peligrosas en sí mismas. Una de ellas es la de Comisión de la Verdad. Ni el escalofriante Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas publicado en Argentina al final de las sangrientas dictaduras militares y prologado por Ernesto Sábato llegó a tener ese nombre. Ni siquiera informalmente. Pero el Gobierno Sánchez quiere imponer a todos los españoles una Comisión de la Verdad como la que en estos días ha puesto en marcha en Colombia Juan Manuel Santos tras su pacto bastardo con la guerrilla en La Habana.

Estas comisiones siempre encuentran lo que Lenin llamaba «un tonto útil» para darles una apariencia de respetabilidad. Estoy seguro que la comisión española encontrará algún historiador lamerrabeles deseando ser incluido desde supuestas posiciones no izquierdistas. Siempre hay alguien necesitado de reconocimientos espurios. Puede ser ilustrativo el caso de la comisión colombiana. Santos acordó su creación para estudiar la violencia de todas las partes en sesenta y cinco años de sublevación guerrillera. Poniendo así en el mismo nivel a los terroristas y a los representantes del Estado. Buen comienzo. Y después, con las FARC, ha nombrado presidente de esa comisión al jesuita Francisco de Roux, antiguo provincial de la Compañía y hombre de conocidas y declaradas afinidades de extrema izquierda. Este De Roux afirmaba hace menos de tres meses que «tengo una verdadera admiración por Pablo Beltrán», jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y añadía «el planteamiento del ELN es muy de lo que los colombianos queremos». Partiendo de esa base, el jesuita ha exigido la entrega de todos los archivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas colombianas, desde 1953 hasta el presente. Exige documentación de todas las actividades de las fuerzas de seguridad, tanto las oficiales como las encubiertas, las de la lucha anti subversiva y contra el narcotráfico, entre otras. Es decir, las actividades de cientos de miles de personas que a lo largo de 65 años han luchado en nombre del Estado en todos esos frentes quedarían al albur de una llamada Comisión de la Verdad gerenciada por un declarado enemigo del Estado. Insuperable. Y, lo que es peor, como explicaba ayer Eduardo Mackenzie en «El Mundo» de Medellín, el jesuita pro guerrillero «no ha tenido siquiera el cuidado de pedirle, para preservar al menos la apariencia de un cierto equilibrio de intenciones, al Partido Comunista, a las Farc (partido y unidades armadas), a los ex militantes del M-19, al ELN, EPL, a las Bacrim y a los demás actores de la guerra subversiva, disueltos o en actividades, que le entreguen la totalidad de sus archivos de inteligencia y contrainteligencia, sus textos de doctrina paramilitar, sus manuales de operaciones, sus listas de asaltos, emboscadas, víctimas, bajas y “daños colaterales” (como dice De Roux), sus listas de secuestros, de sus rehenes, de sus campos minados en regiones y pueblos, y todos los otros detalles de las actividades terroristas, en las ciudades y en el campo, y sus redes de tráfico de drogas, desde 1953 hasta hoy». Y no lo han hecho porque en cualquier país, una Comisión de la Verdad no busca ni ser veraz. Solo pretende servir para cambiar la realidad que todos conocen y crear una nueva por decreto.

Hoy en día en Iberoamérica -o lo que es lo mismo, en todo Occidente- no queda ni un régimen autoritario «de derechas». Todos son derivas del socialismo: Venezuela, Cuba, Nicaragua… La herencia que quiere dejar el aclamado Juan Manuel Santos antes de huir a Londres el 7 de agosto a las tres de la tarde es una Comisión de la Mentira que justifique su catastrófica Presidencia.

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