Chávez deja en evidencia al Gobierno

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EL Gobierno socialista se equivoca al pretender ignorar la gravedad de lo que implica el contenido del auto del juez Eloy Velasco que acusa a las autoridades venezolanas de cooperación con grupos terroristas en sus planes de cometer atentados en España. El ministro de Asuntos Exteriores no puede insistir en que esto se puede zanjar con una simple llamada de teléfono, mucho menos si -como ha revelado el caudillo venezolano Hugo Chávez- la dedicó precisamente a quitar importancia al asunto. Lo que Moratinos le dijo a las autoridades venezolanas es parcialmente cierto; el Gobierno no está detrás de las acusaciones levantadas por la Audiencia Nacional, de lo que en este contexto se puede deducir que si hubiera tenido conocimiento cabal de esos indicios por sus propios medios, quizá lo habría ocultado concienzudamente. Pero lo que no puede desconocer el Gobierno es que una vez que el juez ha señalado oficialmente la sospecha razonable de que existe un delito, su obligación constitucional es ayudarle a perseguirlo y, a la vista de las imprecaciones de Hugo Chávez, la confianza del ministro Moratinos en que Venezuela vaya a colaborar con la Audiencia es un sarcasmo, y más después de conocer que el Parlamento venezolano se plantea demandar a la Corona española «por los cien millones de muertos de la Conquista, crímenes de lesa humanidad que no prescriben». Esta reacción de Hugo Chávez era previsible, pero no es aceptable que sea el propio Gobierno español el que desprecie de esta manera una actuación judicial e ignore los ataques a España del «caudillo» venezolano.

La proximidad entre Hugo Chávez y los terroristas colombianos de las FARC no es un secreto para nadie: Venezuela es el único país que se ha atrevido a hacer un monumento al que durante cuatro décadas fue su máximo responsable, «Tirofijo», y ha intentado por todos los medios la pirueta de declarar «fuerza beligerante» a un grupo que está en todas las listas de bandas terroristas del mundo. En cuanto a sus relaciones con el entorno etarra, son de sobra conocidas a través de los nexos públicos con las llamadas «iniciativas bolivarianas». Naturalmente, si el Gobierno español pusiera en marcha las medidas que merece el régimen chavista se desencadenarían ciertos efectos que dificultarían las relaciones bilaterales. Sin embargo, cabe preguntarse si es posible mantener relaciones normales con un régimen que se dedica a ayudar a una banda terrorista que ha asesinado a casi un millar de españoles.