El caso Toledo

Es un caso que encierra la tragedia del Perú y buena parte del mundo en vías de desarrollo. Me tocó estar cerca de la movilización contra el régimen autoritario y su derrocamiento, y, como muchos otros independientes, acompañarlo en su gesta democrática (perdí la fe en él al final de la primera vuelta electoral, en 2001, y no pude darle mi voto en la segunda porque tenía la creciente sospecha de que sería un corrupto). Pude ver de cerca no sólo la forma en que este hombre salido de la pobreza y la marginalidad logró despertar la ilusión y la heroicidad de un pueblo que hasta entonces parecía mayoritariamente resignado a vivir en dictadura, sino también su capacidad para vencer la desconfianza inicial de la comunidad internacional.

Con esfuerzo y tenacidad, logró que George W. Bush, Jacques Chirac, José María Aznar, Fernando Henrique Cardoso y otros jefes de Gobierno o de Estado que al comienzo habían visto en él a un agitador desenfrenado que ofrecía inestabilidad, algo así como un salto al vacío, para el Perú, fueran descubriendo en él las virtudes que millones de peruanos habían advertido antes. Todo eso ayudó a protegerlo contra los intentos de Fujimori y su monje negro, Vladimiro Montesinos, de destruirlo. Poco después, gobernaba el Perú, convertido en un «caso célebre».

Tenía todo para ser un gran presidente, alguien que rompiera el círculo vicioso de dictaduras seguidas de democracias mediocres o podridas que había signado la historia peruana (con excepciones). Tenía cierto mundo porque había estudiado, gracias a becas generosas, en el exterior y por sus méritos había trabajado en organismos internacionales, evolucionando desde su izquierdismo infantil hacia una visión más moderna del mundo emergente. Reposaba sobre una legitimidad social, por sus orígenes, que pocos gobernantes tenían. Decía entender el rol fundamental de las instituciones republicanas en la construcción de una sociedad libre.

Todo eso resultó una ilusión. Hoy sabemos, por las revelaciones de la empresa brasileña Odebrecht (sí, la que corrompió a media América Latina) y las delaciones de su testaferro principal, que, a cambio de concesiones de obra pública, cobró sobornos multimillonarios y que su conducta, en el campo ético, no fue una ruptura con el régimen que había contribuido a tumbar.

Está fuera de duda que Toledo acabará siendo extraditado y, una vez juzgado, irá a la cárcel en el Perú. Las pruebas son abrumadoras. No es un consuelo menor saber que él y la sucesión de gobernantes mediocres y corruptos que ha tenido el país en estas dos décadas democráticas están siendo investigados y pronto procesados porque las instituciones del frágil Estado de Derecho están haciendo, mal que mal, su trabajo a pesar de la enorme adversidad interesada que enfrentan.

Pero que Toledo termine sus días en la cárcel no quita que su caso sea una tragedia moderna en el Perú del siglo XXI. Porque confirma una lección de la historia republicana de ese y otros países: que la visión patrimonialista del Estado, para usar la feliz expresión de Octavio Paz, es una de las causas fundamentales del subdesarrollo. Todavía.