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EDITORIAL

Casado, exageración penal

Pablo Casado ABC

ABC

La exposición razonada que ha remitido la juez Carmen Rodríguez-Medel pone a Pablo Casado en manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo , dada su condición de parlamentario aforado. Hasta ahora, ninguna de las decisiones tomadas por la juez de instrucción ha sido revisada por un tribunal superior, así que la llegada de la causa al Supremo servirá para valorar tanto los supuestos indicios contra Casado como la calidad de la investigación judicial. Casado no tiene siquiera la condición de investigado, menos aún de imputado. El documento de la juez Rodríguez-Medel aclara que la convalidación de 18 de las 22 asignaturas de Casado por la Universidad Rey Juan Carlos, en el máster de Derecho Autonómico y Local, fue legítima conforme a la normativa vigente en el curso 2008-2009. Por su parte, la Complutense también ha resuelto que en la licenciatura en Derecho de Pablo Casado no hay irregularidades. El problema queda reducido a cuatro asignaturas de 20 créditos que Casado aprobó con trabajos que él mismo presentó ante los medios. A primera vista parece desproporcionado abrir una investigación penal sobre estos hechos, que más bien deberían haber sido analizados en vía administrativa. Las dificultades de dar un encaje penal a las calificaciones obtenidas por Casado en esas cuatro asignaturas se manifiestan en el complicado planteamiento de la exposición razonada, en la que la juez cree ver dos delitos de prevaricación y cohecho pasivo impropio, los cuales vincula entre sí para salvar la más que evidente prescripción del cohecho.

La calificación jurídica es realmente creativa y será el Supremo el que decida si es posible aplicarla a Casado , reflejado en el documento de la instructora como cooperador necesario de la prevaricación supuestamente cometida por el director del máster. Por otro lado, la instructora vuelve contra Casado el hecho de que la Rey Juan Carlos no conserve documentación sobre sus trabajos, algo que no llama la atención teniendo en cuenta que han pasado diez años desde que aprobó el máster. Asunto farragoso que empaña el arranque de la presidencia de Pablo Casado, quien a pesar de no haber declarado aún ante un tribunal -y la juez Rodríguez-Medel pudo habérselo ofrecido al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, es comparado con otros casos que nada tienen que ver con el suyo.

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