Camps y la proporcionalidad penal

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AL margen del impacto mediático y la desmesura partidista, la situación procesal de Francisco Camps exige una reflexión sobre los fundamentos materiales del derecho penal y su aplicación práctica. A partir del respeto absoluto a la presunción de inocencia y de la probabilidad de que el presidente de la Generalitat valenciana obtenga el archivo de la causa en instancias sucesivas, la realidad es que -a día de hoy- Camps afronta un posible juicio con jurado por un hecho sancionado penalmente con multa de 2.500 euros. El supuesto delito cometido está tipificado como «cohecho pasivo impropio» en el artículo 426 del Código Penal, un precepto de escasa aplicación y con muy pocos precedentes en la jurisprudencia. El principio de proporcionalidad es un elemento esencial del Derecho sancionador moderno, a partir de la famosa obra de Cesare Beccaria «De los delitos y de las penas», que data nada menos que de 1776. Falta la proporción cuando el castigo resulta notablemente excesivo de acuerdo con el daño causado y la circunstancia personal del autor (presunto, por supuesto, en el caso actual). En términos sociales y políticos, la «pena de banquillo» a la que puede verse sometido el presidente de la Comunidad Valenciana excede con mucho la eventual responsabilidad en que podría haber incurrido, si es que tal cosa llega a establecerse por una sentencia. En la democracia mediática de nuestro tiempo, un líder político de tanta relevancia sometido a juicio con intervención de un jurado popular puede sufrir un deterioro irreparable para su imagen pública, aunque luego resulte absuelto. Debe tenerse presente también que no existe pena de inhabilitación para cargo público en el delito que se le imputa, lo cual refleja claramente la medida muy concreta del reproche penal que el Código atribuye a este tipo de conductas.

En nuestro ordenamiento jurídico, las normas deben ser interpretadas -entre otros criterios- de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Camps sufre ya desde hace meses una fuerte presión que convierte sus apariciones públicas en actos de apoyo -con mucha frecuencia- o bien en oportunidades para ser preguntado una y otra vez sobre el tema recurrente. La carrera política de un líder acreditado por el éxito reiterado en las urnas es un factor que merece protección en términos de proporcionalidad, evitando un juicio paralelo sin garantías y sin defensa posible que se transforma de hecho en un verdadero acoso al personaje público. El presidente de la Generalitat tiene ahora una nueva oportunidad procesal para que se acepte, si así procede en Derecho, su petición de archivo por la sala competente del TSJ de la Comunidad Valenciana. Goza, como es natural, de todas las garantías jurídicas que son consustanciales al Estado de Derecho. En el plano político, habría que preguntarse cuántos altos cargos o incluso funcionarios públicos de menor relevancia podrían verse afectados por el artículo 426 del Código Penal si hubieran recibido hipotéticamente regalos de la misma cuantía. El PSOE persiste en el empeño de utilizar las reglas del proceso penal al servicio de sus conveniencias partidistas, y por ello es muy grave que los intereses coyunturales pongan en riesgo el principio de proporcionalidad que caracteriza al Derecho Penal contemporáneo.