Brotes verdes para otros

Mientras tanto, la economía española sigue girando en torno a actuaciones limitadas y sectoriales, esclavizada por tabúes sobre el mercado laboral y socavada por un déficit público que retrasará la recuperación de forma indefinida. El crédito no se ha puesto en circulación como anunciaba el Gobierno, pese a los planes de apoyo a la banca, y las insolvencias familiares y empresariales crecen de forma imparable. Las mejoras del empleo en los meses de verano están claramente animadas por la estacionalidad y, sobre todo, por la inyección de ingentes cantidades de dinero público para obras locales, la mayoría de ellas sin efecto alguno en la consolidación de los puestos de trabajo que han creado, razón por la que el Gobierno ya avisa de que los datos del paro serán de nuevo malos en otoño. Las dotaciones de ayudas económicas a los parados, como la de 420 euros aprobada ayer por el Consejo de Ministros, son comprensibles y aun necesarias en una coyuntura extrema de debilidad social como la actual, pero al ser las únicas -sin reformas simultáneas del mercado de trabajo ni del sistema tributario- van a contribuir a medio y largo plazo a aumentar el déficit del Estado, un agujero negro cuyo saneamiento, además de provocar un aumento de los impuestos, absorberá los recursos financieros que deberían destinarse a la inversión y a la recuperación.

Hay varias preguntas que el Gobierno debería responder, sin tópicos ni demagogias. Durante años, Rodríguez Zapatero ha exhibido el crecimiento económico de España como un éxito de su gestión, pero ahora resulta que estaba basado en la voracidad de especuladores -ninguno de ellos, por cierto, denunciado por la Fiscalía- y en la desmesura del sector inmobiliario, alimentada directamente por el sistema bancario. Incluso el Ejecutivo prepara una ley para cambiar el modelo productivo, enésima prueba de su incoherencia -¿por qué cambiar el modelo del que Rodríguez Zapatero estaba tan orgulloso?- y de su voluntarismo. El crecimiento económico de los últimos años no fue aprovechado por el Gobierno socialista para introducir reformas que habrían permitido mayor capacidad y velocidad de recuperación ante una crisis que estaba anunciada y avisada, pero que fue despreciada por la misma obcecación que ahora lleva al Ejecutivo a no moverse del gasto público, la política de subvenciones y la asociación con la demagogia de los sindicatos.