Bochorno en Baleares

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LA crisis institucional que sufre la comunidad balear alcanzó ayer su máxima expresión, provocando incluso la dimisión de María Antonia Munar como presidenta del Parlamento autonómico. La comparecencia ante el juez del número 2 de Unió Mallorquina ha destapado la caja de los truenos, con unas declaraciones que dejan en situación imposible a un falso partido que encubre realmente un conjunto de intereses siniestros al servicio de la corrupción y los negocios sucios. Hace tiempo que Francesc Antich tuvo que dar por cerrada la nefasta etapa del tripartito, dejando en situación precaria el funcionamiento del Ejecutivo balear, del Consejo Insular de Mallorca y del ayuntamiento de Palma. Los ciudadanos están hartos de la imagen que ofrecen unos políticos indignos de representar a sus electores y exigen soluciones a una crisis que va mucho más allá de los intereses partidistas. Es obligado por ello que socialistas y populares alcancen un acuerdo razonable al menos hasta que lleguen las próximas elecciones autonómicas. Ésta es la única solución democrática para que las urnas pongan orden en un ambiente asfixiante que exige una limpieza a fondo en todos los partidos y en todas las instituciones. Así no se puede continuar porque la legitimidad democrática sufre un daño irreversible cuando la sociedad desconfía de una clase política que, salvo excepciones, está muy por debajo de las exigencias mínimas en una sociedad dinámica y desarrollada.

Unió Mallorquina disfraza bajo la apariencia de nacionalismo unos comportamientos típicos del más rancio caciquismo, a base de votos cautivos y clientelas subvencionadas. Es inaceptable que una y otra vez se convierta en árbitro de la política balear, ya sea a nivel regional, insular o municipal, prestando su voto a cambio de posiciones de poder que utiliza para sostener un entramado de intereses turbios. Ha llegado el momento de que la gente decente exija a los partidos mayoritarios un comportamiento honorable a la altura de lo que merece la comunidad balear. Se impone por ello un Ejecutivo de transición con apoyos parlamentarios puntuales hasta la convocatoria de las próximas elecciones.