Bien hecho

Pues está claro que el Gobierno tenía que parar esa chifladura

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros EFE

Luis Ventoso

27/01/2018 a las 09:56h.

A raíz de la crecida separatista se abrió en España, tanto en las cátedras como en los bares, un debate de carácter jurídico: ¿Pueden actuar el Estado y la judicatura contra quien ha anunciado que va a cometer un delito? ¿O es necesario que se ... consume la acción delictiva para intervenir? Los especialistas se muestran divididos. Unos rechazan una intervención preventiva –llamémosla así–, y otros argumentan que es posible. Mientras tanto, el sentido común popular lo tenía claro: si la policía sorprende a una banda conspirando con los planos de un banco, taladros para el butrón y máscaras para cubrirse, los detiene de inmediato, no espera a que vayan a la sucursal a iniciar el robo. Si un individuo se sube al metro con un cuchillo de monte en la mano, las fuerzas de seguridad no aguardan a ver si pretende apuñalar a alguien o pelar una manzana, simplemente lo trincan.

La pasada primavera pasó en España algo inaudito. El Gobierno de una comunidad autónoma y el parlamento regional aprobaron unos planes detallados para subvertir la legalidad. No disimularon. Con plena facundia, con orgullo chuleta, los sublevados ofrecieron ruedas de prensa y discursos eufóricos explicando paso a paso cómo iban a dar su golpe de Estado. Nada se hizo. O peor: cuando los separatistas ya habían explicitado sus intenciones delictivas, todavía el presidente Rajoy envió a Barcelona a su vicepresidenta para intentar granjearse las simpatías del líder de la revuelta, Junqueras, con quien hubo intercambio de sonrisas, libros y flores. Vista tanta amabilidad y tan poca brida, los sediciosos siguieron adelante, hasta culminar su desafuero con el referéndum ilegal y la proclamación de su seudo república, muy humillante para los españoles. El oportuno discurso del Rey espoleó al Ejecutivo, que al fin reaccionó. Con la aquiescencia de PSOE y Ciudadanos se aprobó el 155, la intervención de la administración golpista. Iba a arder Troya en Cataluña. Pero no pasó nada de nada. De hecho, debido a los complejillos del PSOE ante el nacionalismo, la intervención terapéutica ha resultado demasiado corta e incompleta (permitir que TV3 siga siendo un órgano separatista es de una pusilanimidad lacerante).

Las urnas premiaron en Cataluña al partido españolista que exigía más contundencia, Ciudadanos, y castigaron al PP por los titubeos de Moncloa con el 155. El Gobierno ha anotado la lección y el jueves anunció su recurso ante el TC para frenar en seco un kafkiano plan para investir a un prófugo en rebeldía, chifladura que auspiciaba un Parlament de nuevo dominado por los separatistas. Como bien recordó ayer la vicepresidenta, Puigdemont está acusado de gravísimos delitos, entre ellos rebelión, sedición y malversación, y pesa sobre él una orden de busca y captura. El Consejo de Estado, en un dictamen consultivo, reprocha al Gobierno que no es el momento de actuar. Paparruchas. España no puede seguir a rebufo de las escaladas golpistas. Debe defenderse y por fin lo está haciendo, respetando además los cauces legales, como no podría ser de otra manera. Así que en contra del criterio de voces más sabias, creo que es justamente ahora cuando Santamaría está empezando por fin a acertar.