Bases para otro Pacto de Estella

Fracasado el «proceso de paz», ETA ha puesto en marcha su «plan B», que consiste, en definitiva, en un retorno al acuerdo de Estella, con un frente nacionalista dispuesto a eliminar del ámbito político vasco cualquier vestigio de constitucionalismo. Todo ello, con un agravante no menor: en aquel momento, Estella suponía la puesta en marcha de una tregua que duró más de un año, aunque fuera ciertamente una trampa para permitir a la organización recobrar sus fuerzas. Ahora, ni siquiera hay tal oferta de tregua y, por supuesto, los terroristas no garantizan que vayan a dejar de matar y tampoco tienen intención alguna de garantizarlo. Las cosas no pueden estar peor en el País Vasco cuando desde el Ejecutivo de Vitoria se da legitimidad a la asociación de fines con los asesinos y se asume, aunque sea de forma implícita, la acumulación de fuerzas contra el enemigo común. Se reconoce así a la banda terrorista algo más que la condición de interlocutor habilitado para expresar una posición política. Es, en rigor, una confluencia de objetivos que relativiza los medios para conseguir el propósito común.

La situación se agrava aún más si cabe ante la falta de reacción del Gobierno respecto del desafío del lendakari, ampliado ahora con la perspectiva que aporta ETA. Conviene recordar esta diferencia sustancial: después de Estella, los socialistas impulsaron la puesta en marcha del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, es decir, la estrategia más eficaz de la España constitucional en la lucha contra los criminales etarras. Ahora, la reacción ha sido tibia y casi meliflua por parte de Rodríguez Zapatero, acompañada de una dosis de retórica electoralista que incrementa la sensación de debilidad. El desafío de Ibarretxe pone a prueba el giro españolista del PSOE y los hechos demuestran que, más allá de anuncios y declaraciones, el presidente del Gobierno no renuncia a sus planes originales. Los ciudadanos toman buena nota, sin duda, de la postura de unos y de otros ante este nacionalismo soberanista, que deja de lado cualquier disfraz de prudencia o de gradualismo táctico. Ibarretxe va a por todas, en confluencia objetiva con los fines que ETA proclama sin pudor. El Gobierno se queda mirando y procura evitar que la cruda realidad de los hechos estropee su diseño de cara a las elecciones de marzo. El riesgo para el PSOE es que la opinión pública sabe distinguir entre las palabras y los hechos. Y hoy percibe con toda claridad que, ante una situación muy grave, la reacción de Zapatero al desafío independentista no es la que se espera de un presidente del Gobierno de España.