Bajo el árbol de Guernica

JUAN MANUEL DE PRADA
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LA otra noche le hacían en la tele una entrevista a Fernando Arrabal en la que, tras declarar alguna enormidad o delirio patafísico y ante la incredulidad del entrevistador, el genial escritor insistía con énfasis:

-¡Se lo juro por lo más sagrado! ¡Por la constitución de Andorra, mismamente!

Y lo mismo hace López bajo el árbol de Guernica, prometiendo su cargo ante el estatuto vasco, que nadie discutirá que es por lo menos igual de sagrado (¡oiga, o más incluso!) que la constitución de Andorra. Se ha montado una discusión puramente retórica en torno a la fórmula elegida por López en su promesa, que sustituye la tradicional invocación a Dios por una parodia laica. Y digo que la discusión es puramente retórica (o formalista) porque para serlo de fondo le falta fundamento; o mejor, le falta el Fundamento, que en la fórmula tradicional sólo estaba presente de boquilla. A nadie se le escapa que aquel juramento con la mano sobre la Biblia y «ante Dios humillado», no hacía sino humillar al pobre Dios y mentarlo en vano; era, desde luego, un juramento más sonoro y solemne que la promesa de López, pero era sobre todo un juramento vacuo, donde el símbolo se sustituía por la fórmula y el gesto religioso vivo por el aspaviento forzado; era, en fin, pacotilla y falsificación religiosa de la peor calaña, al estilo de la que vimos en la proclamación de Obama, que también juró por cierto sobre una Biblia, para regocijo de sus falóforos y escarnio de incautos.

López, al menos, nos evita el escarnio de la religión y promete su cargo con la mano puesta sobre el estatuto vasco, como la podría poner un mandatario andorrano sobre su constitución; esto es, sabiendo que el estatuto vasco, como la constitución de Andorra, a nada lo compromete, pues mañana se puede cambiar mediante un mero acto de la voluntad. Y aquí nos atreveremos a plantear la única discusión fundamental que nuestra época, engolfada en discusiones retóricas, ni siquiera huele (y no la huele porque no puede hacerlo, pues ha sido privada de olfato). En la tradición tomista, la autoridad baja de Dios, pero el depositario de esa autoridad no es directamente el gobernante, sino todo el cuerpo social organizado; y la autoridad de los gobernantes no viene inmediatamente de Dios, sino mediatamente, a través del pueblo, que por contrato, elección o evolución política expresa o tácita delega esa autoridad en el gobernante. Así ocurría, por ejemplo, en la monarquía cristiana; y puede ocurrir también en una democracia no adulterada, pues «el gobierno es más suave y más feliz cuando todos tienen en él alguna parte en la medida de su capacidad», según decía Santo Tomás.

Contra esta tradición tomista se alzaron primero las monarquías absolutistas, que proclamaron un inexistente «derecho divino» de los reyes, según el cual el gobernante es depositario directo de la autoridad y nadie puede juzgarlo en este mundo. De este cesarismo teocrático se pasó luego al cesarismo democrático, que sustituye el inexistente «derecho divino» de los reyes por una sacralizada «voluntad general», que se proclama soberana e infalible, extendiendo su soberanía e infalibilidad a todos sus cambios futuros (pues toda voluntad humana es, por naturaleza, cambiante), a todas sus veleidades y rectificaciones futuras, plasmadas en leyes tornadizas -el estatuto vasco, la constitución andorrana, etcétera-, cuya fecha de caducidad establece el capricho, la coyuntura o el interés del momento. Ante esa ley sacralizada promete su cargo López; lo cual es tanto como prometerlo ante una tableta de chicle, que se estira y se hincha, se encoge y se tira cuando se le ha sacado el jugo. Al menos hemos de agradecerle que no mezcle a Dios con la goma de mascar.

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