Babel en el Senado

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CUANDO falla el sentido común y se impone el oportunismo partidista, cualquier disparate puede convertirse en realidad. El pleno del Senado aprobó el pasado miércoles tramitar una propuesta de reforma de su reglamento para que las lenguas cooficiales en Cataluña, País Vasco y Galicia se puedan utilizar en las sesiones de la Cámara, con un servicio de traducción simultánea. El argumento de que así se reconoce la «pluralidad lingüística» de España es una falacia porque ese bilingüismo sólo existe -en diferente grado- en algunas comunidades autónomas. Por lo demás, el Senado forma parte de las Cortes Generales y todos los senadores representan al pueblo español en su conjunto y no sólo a sus electores, ya sean ciudadanos o instituciones. Por todo ello, tiene toda la razón el PP para estar en contra de la moción aprobada por considerarla «pintoresca» e incluso «ridícula».

Hay también otros motivos de fondo para oponerse. En plena crisis económica, el PSOE habla mucho de austeridad, pero está dispuesto a gastarse una buena cantidad de dinero en un servicio de traductores completamente inútil y fuera de lugar, porque los senadores conocen -como es natural- la lengua común a todos los españoles. La imagen de una Cámara plagada de auriculares recuerda a una torre de Babel buscada a propósito por criterios claramente partidistas, que tiene mucho que ver con las malas expectativas del PSC ante las próximas elecciones catalanas. Leire Pajín ha puesto cara y voz a este teatro del absurdo, pero son el PSOE en su conjunto y el resto de los grupos que votaron a favor quienes han quedado en evidencia ante una opinión pública que oscila entre la perplejidad y la indignación. A mayor abundamiento, las referencias injustas al senador Fraga Iribarne, debidamente contestadas por el ex presidente de Galicia, son fiel reflejo de que el Senado ha perdido por completo el rumbo. Continúa así el proceso de deterioro institucional que afecta al TC, al Tribunal Supremo y a otros elementos determinantes en la estructura de la Constitución. Rodríguez Zapatero siempre antepone las conveniencias de su partido al interés general del Estado y las consecuencias saltan a la vista.