Autonomías, xenofobia y Estado de bienestar

por Carlos Bustelo, ex ministro de UCD
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DEBEN ser, sin duda, diversas sus causas, pero la tragedia que vive hoy el País Vasco es resultado, en gran medida, de la irresponsabilidad y demagogia con que ha sido gobernado desde la transición hace más de veinte años, es decir, con plena autonomía y libertad. Muchas cosas se han tenido que hacer muy mal durante todo este tiempo para haber convertido ese privilegiado rincón de la España próspera y democrática en un lugar inhabitable para más de la mitad de su población.

La tragedia se ha fraguado, en mi opinión, gracias a lo que podríamos llamar para entendernos el consenso estatalista y el síndrome antifranquista retroactivo de la transición. En un marco europeo de plena exaltación socialdemócrata y ante una profunda crisis económica, en la transición tuvimos que improvisar un Estado muy grande y muy descentralizado, sobre todo en su vertiente del gasto público. Con este planteamiento, al que se añadió una ley electoral que les concedía una prima desproporcionada, los nacionalistas, aceptados inexplicablemente como paladines del antifranquismo, no tuvieron más que exigir cada día un poco más y mantener la tensión permanente con el Gobierno central. El juego no podía ser más simple y rentable, pero también muy peligroso, como se ha comprobado en el País Vasco.

La original combinación de Estado de bienestar y de Estado autonómico ha suministrado a los gobernantes del País Vasco dos elementos básicos para hacer realidad su proyecto enloquecido: por un lado, recursos económicos ingentes y un gasto público con muy poco control que todo lo puede y contamina; y, en segundo lugar, porque los movimientos políticos xenófobos y excluyentes encuentran su justificación y mejor caldo de cultivo en las enormes transferencias de renta y riqueza que constituyen el núcleo central del llamado Estado de bienestar. En la fiscalidad insoportable —casi un 50 por ciento de nuestros ingresos— y en la inflación de promesas de los políticos populistas —por ejemplo, igualación de rentas entre individuos y regiones—, encuentran los ideólogos nacionalistas terreno abonado para reanimar los sentimientos xenófobos que tantas tragedias han producido a lo largo de la historia. El PNV actual es un producto extremo y patológico de este proceso, pero su planteamiento básico no es muy diferente, por ejemplo, al del Bloque Flamenco en Bélgica, de CiU en Cataluña, del Partido Liberal en Austria o de la Liga Norte en Italia. Los éxitos electorales de estos partidos son posibles porque sus votantes están convencidos de que ese leviatán moderno y voraz que llamamos Estado de bienestar les sustrae una parte considerable de sus ingresos para transferirlos a otras regiones o a otros individuos sin darles nada a cambio. Los flamencos, vascos, catalanes, toscanos y austríacos están convencidos de que mantienen con su trabajo y sus impuestos a los indolentes valones, andaluces, sicilianos, extremeños, calabreses o inmigrantes de Europa del este. Lo cual en parte no sólo es cierto, sino inevitable dentro de las reglas de juego admitidas en los más modernos Estados de bienestar. Por eso, en nuestro Estado de bienestar de las autonomías, la escalada de agravios comparativos puede terminar muy mal como en el País Vasco, si el proceso es liderado por políticos irresponsables, embriagados por un éxito fácil que nunca alcanzarían fuera de su ámbito regional y provinciano.

La exaltación del Estado y la explosión del gasto público que se iniciaron con la transición no podían sino agravarse con los socialistas que nos gobernaron después durante casi tres lustros. La consigna general era recaudar mucho y gastar más, porque no había nada más progresista. Todavía recuerdo la contestación airada en las Cortes de un diputado socialista, después destacado ministro, al vicepresidente económico de UCD García Díez: «¡Nuestra solución al déficit público, señor ministro, es más déficit!». Los aplausos y la ovación cerrada que provocó tamaño disparate todavía deben resonar en el Congreso de los Diputados.

Pienso que de no haber vivido ese prolongado sarampión estatalista, alguien habría cuestionado en el País Vasco la asignación de fondos públicos, por ejemplo, para difundir las majaderías racistas y totalitarias de Arana Goiri a través de una extensa red de escuelas públicas, algunas convertidas hoy en verdaderas fábricas de delincuentes y terroristas. Para protegernos del leviatán central hemos creado diecisiete leviatanes regionales, alguno con resultados terribles como el del País Vasco, pero casi todos ellos incapaces de resistir la tentación del intervencionismo y del gasto público desbocado. No hay museo extravagante, ni auditorio o teatro de ópera, ni parque temático ni televisión oficial, por muy caros y ruinosos que resulten, que no se realicen y se mantengan a costa de los presupuestos autonómicos, cuya elasticidad se hace casi infinita gracias a una deuda pública que crece sin control alguno. ¡Qué fácil debe resultar ser reelegido en una autonomía!

El trágico proceso en el País Vasco, en el que estamos todos involucrados, no puede tener más que una solución: en primer lugar, arrebatar democráticamente el Estado de bienestar autonómico a quienes tan mal lo han gestionado en los últimos veinte años. Pero luego habrá que administrar bien ese billón largo del que dispone anualmente el Gobierno vasco, con controles eficaces y absoluta transparencia. Y reduciendo el gasto público al mínimo imprescindible en unos pocos años.

Si ese difícil objetivo se alcanza, el País Vasco podría convertirse en un ejemplo para las otras dieciséis autonomías en lugar de la pesadilla que representa hoy, y volver a ser un polo importante de nuestro desarrollo económico y cultural.